En los últimos días fue posible evidenciar que organizaciones internacionales y países como Chile y Estados Unidos retomaron su política de injerencia en asuntos internos de Bolivia, toda vez que, en supuesto tono de sugerencia, acusaron al Gobierno boliviano de persecución política e incluso pidieron la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez.

Esta nueva ofensiva en contra del Estado vulnera tratados y, lo más importante, el principio de independencia que tiene cada país, toda vez que en Bolivia la justicia ahora investiga violaciones a derechos humanos, daño económico al Estado y otras figuras que ocurrieron durante la gestión de Añez en 2019 y 2020.

El 15 de marzo, la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida actualmente por Luis Almagro, manifestó un comunicado donde señala: “La Secretaría General de la OEA considera que no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores”, refiriéndose a la aprehensión de Añez y un par de sus ministros.

La institución, sin embargo, se olvida que debido a su informe electoral de 2019, que no aceptaba la victoria en las urnas en primera vuelta del Movimiento Al Socialismo (MAS), los conflictos sociales crecieron en el país, al punto de que la Policía decidió amotinarse y luego las Fuerzas Armadas, consolidando, junto a la posesión indebida de Añez a la presidencia, un evidente golpe de facto.

“También están los partidos políticos que se anticiparon y el día de las elecciones lanzaron el tema de que hubo fraude sin tener una prueba o algún fundamento. La OEA contribuyó de manera muy clara cuando señalaba algunas irregularidades en las elecciones sin fundamento y nunca se comprobaron”, manifestó el Jefe de Estado en una reciente entrevista con TV UNAM de México.

Pocos días después, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó que “no puede ser que la justicia esté subordinada a un gobierno de turno”, dando a entender que no existe democracia cuando no hay separación de poderes, también atacando la soberanía del Estado Plurinacional.

La Cancillería no se dejó esperar y llamó a todos los Estados hermanos de la comunidad internacional a dar cumplimiento a la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, respetando la libre determinación de los pueblos y el principio de no injerencia en asuntos internos.

Poco después habló el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, quien abiertamente pidió la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez y expresó su preocupación por los “indicios de comportamiento antidemocrático” en Bolivia.

La respuesta, nuevamente de la diplomacia boliviana, fue más severa, ya que le recordó al país del norte que luego de “la ruptura del orden constitucional” en noviembre de 2019, Bolivia “recuperó” su democracia con la elección del presidente Luis Arce, el 18 de octubre de 2020, y se repuso “la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y los definidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

También se denunció que este tipo de declaraciones “transgrede el principio de no injerencia previsto en el Artículo I, numeral 2, del Convenio Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respeto y Colaboración suscrito entre los Estados Unidos de América y el Estado Plurinacional de Bolivia, el 7 de noviembre de 2011”.

Si bien estas organizaciones y países hablan de los derechos políticos de algunas exautoridades en Bolivia, no se pronuncian sobre las decenas de muertes en Bolivia a manos de las fuerzas represivas que estuvieron a cargo de la gestión de Añez.

“No escucho hablar a los que quieren defender los derechos humanos y los debidos procesos de esas personas que fueron acribilladas, que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas y la Policía que salieron a reprimir todo ese movimiento popular en contra de ese golpe de Estado, que no estaba de acuerdo con el cambio de Gobierno”, remarcó Arce en la mencionada entrevista.

Pese a esto, el Estado boliviano reiteró que tiene toda la intención de reencaminar el diálogo con todos los países, en el marco de la hermandad y la fraternización que caracteriza al Estado boliviano, pero siempre bajo el respeto de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos.

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