Por: Israel Quino /

La de vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos fundamentales, sean estos individuales, colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos son los cuatro mandatos constitucionales, en específico para la Defensoría del Pueblo dentro la estructura funcional de defensa de la sociedad en el Estado. Hoy el proceso de elección, no así el de selección, se ve entrabado por decisión de la minoría legislativa con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Una vez reinstalada la sexta sesión del plenario en la ALP para designación de nuevo Defensor se requieren de 2/3 para su designación titular, autoridad que tiene por mandato la reinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo para recuperar su independencia e imparcialidad así como lo piden organismos internacionales como Naciones Unidas y la CIDH.

Si el sistema de partidos (MAS, CC y Creemos) no logra consensuar el nombre para definir una elección de nuevo Defensor, pueden existir vías legales y constitucionales para designar cargos interinos por tiempo indefinido, inclusive sin necesitar los 2/3 que exige la Constitución.

Jerárquicamente luego del Defensor están tres delegados adjuntos: para la defensa y cumplimiento (que es la actual defensora a.i.); de promoción y difusión (ambos en actuales funciones); y para la vigencia y ejercicio de derechos humanos de niña, niño, adolescencia, mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad (este último cargo de momento está acéfalo); justamente el actual interinato puede designar a una nueva o nuevo delegado adjunto (cuya designación debe estar refrendada por el Senado) y que él o ella asuma un nuevo periodo de interinato, hasta lograr el consenso.

Ello permitiría destrabar a los partidos y sus candidatos y consensuar la salida por un tercero, mientras no se cuestiona el término del periodo constitucional del primer interinato. Sin embargo, aplicando su mayoría, el MÁS puede modificar la ley Nº 870 y designar sin necesidad de los 2/3.

Una ley corta de interinatos es una alternativa. La justificación radicará en la imposibilidad material legislativa y por la necesidad ante el cumplimiento de periodos constitucionales de mandato (seis años que pasaron desde la designación del último titular), puede sujetarse a control previo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para el respaldo necesario.

Así se justificaría el incumplimiento de la CPE que exige los 2/3 y el TCP interpretaría colisión de normas y estados de necesidad vía ‘declaraciones constitucionales’ y con nueva ley designan interinos que podría ser utilizada inclusive hasta para el proceso de designación del nuevo Contralor, si no hay consensos en elección. No sería la primera vez, que el TCP interpreta la CPE contraviniéndola más allá de su propio mandato; lo hizo ya en su DC 01/2020 extendiendo las funciones de los órganos Ejecutivo, Legislativo, autoridades subnacionales; alcaldes (y concejos municipales) y gobernadores (y sus asambleas departamentales) más allá del periodo de cinco años constitucionales. Lo importante es que se reinstitucionalice la Defensoría del Pueblo con nuevas autoridades. Israel Adrián Quino Romero es abogado y periodista.

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