La Fiscalía de La Paz. Foto: radiofides.com

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El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, afirmó que el supuesto caso de estupro en el que está involucrado el expresidente Evo Morales y Noemí M. C., se trata de un delito de orden público, por lo tanto, es obligación del Ministerio Público seguirlo de oficio e iniciar el proceso investigativo hasta determinar las responsabilidades que corresponden.

Explicó que el exmandatario, quien se encuentra en Argentina, debe ser notificado mediante la Cancillería y si no se presenta a declarar en Bolivia, se procederá a tramitar su rebeldía.

La autoridad remarcó que no se trata de una persecución política contra Morales, como afirma el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino que el caso, sobre la presunta relación con Noemí M. C., desde que tenía 14 años, es una coincidencia que surgió cuando se investigaba a su hermana Gladys por el caso terrorismo, en el que están involucrados el ex presidente y el dirigente Faustino Yucra, detenido preventivamente.

“Este caso se conoció por coincidencia ya que el 7 de junio vecinos de Sacaba (Cochabamba) llamaron a la Policía y dijeron que en plena cuarentena había gente en una fiesta en un domicilio particular. Llegó la Policía, detuvo a nueve personas, entre ellas a Noemí M. C. y su hermana Gladys, quien era requerida por el caso terrorismo”, recordó Issa este lunes en entrevista con la red Unitel.

Gladys M. fue remitida a La Paz, donde se investiga el caso terrorismo, y cuando se le requisó su teléfono celular, al igual que el de su hermana Noemí. En este último caso se encontró fotografías y mensajes que la joven había sostenido con el exmandatario.

“No es persecución política, no se estaba investigando esa denuncia de estupro, ha sido una coincidencia encontrar las fotografías y mensajes”, manifestó Issa.

El caso terrorismo hace referencia a una conversación vía telefónica, de 2019, que sostuvo Faustino Yucra con el expresidente Evo Morales, quien le instruyó que mantenga el bloqueo de caminos y el cerco a las ciudades para evitar el paso de alimentos y otros insumos, como parte de una estrategia política en contra de la presidenta Jeanine Áñez.