Infografía: Yuri Rojas / Periódico Ahora EL PUEBLO

Redacción Central /

Cuatro días después de que Jeanine Añez asumiera la presidencia de Bolivia (12 de noviembre de 2019), el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López tramaron un negocio ilegal para saquear los recursos del Estado, lo que les dejó una millonaria ganancia económica.

Luego de transar algunos negociados ilícitos y pagar sobornos, ejecutaron uno de los actos de corrupción más grandes del gobierno de facto.

La entonces presidenta Jeanine Añez y su gabinete firmaron, el 29 de noviembre de 2019, el Decreto 4090, que autorizó al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín para la Policía Boliviana”.

El 12 de diciembre de 2019 se firmó el Decreto 4116, que abrogó el Decreto 4090 y autorizó al Ministerio de Defensa realizar la “contratación directa en el extranjero” para la compra de los gases lacrimógenos.

El 28 de febrero de 2020, Añez y su gabinete reasignaron, mediante el Decreto 4168, Bs 40.068.000 al Ministerio de Gobierno, que fueron transferidos al Ministerio de Defensa para la compra del material antidisturbios.

Con la firma de estos decretos se trató de enmascarar un hecho ilícito que le hizo perder al Estado boliviano $us 2,3 millones; sin embargo, como no hay crimen perfecto, las investigaciones desbarataron un clan mafioso.

Murillo y Méndez, amigos desde la infancia, obtuvieron una millonaria ganancia robándole al Estado.

Arturo Murillo, Luis Fernando López, Rodrigo Méndez, Philip Lichtenfeld, Luis y Bryan Berkman, entre otras personas, pagaron millonarias coimas, hicieron transferencias de diversas sumas de dinero desde Bolivia a un banco de Estados Unidos, luego volvieron a transferir el dinero a otras cuentas bancarias en Bolivia y se repartieron los $us 2,3 millones.

El Estado boliviano adquiere, desde hace años, gases lacrimógenos y otro material antimotín de la empresa brasileña Cóndor; sin embargo, durante el régimen de Añez se lo hizo mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) de propiedad de un amigo de la infancia de Murillo.

Luis y Bryan Berkman se adjudicaron la compra de los gases a través de su empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), pagaron $us 3,3 millones a la brasileña Cóndor y dos días después vendieron el mismo material al Estado boliviano en $us 5,6 millones.

La ganancia de Sus 2,3 millones fue repartida entre Murillo, López, Méndez, Lichtenfeld, los Berkman y otras personas que tuvieron distintos grados de participación en el ilícito.

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