El exministro de Salud Marcelo Navajas, luego de prestar su declaración en la FELCC paceña, ayer. (Foto: APG)

Javier Prado/Bolivia Digital

El juez undécimo de instrucción en lo penal, Hugo Huacani, restituido en sus funciones, en una audiencia de medidas cautelares, dictó la detención preventiva en el penal de San Pedro para el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros tres implicados en la compra de 170 respiradores españoles con presunto sobreprecio.

«El juez ha determinado la detención preventiva para Marcelo Navajas, Geovanni Pacheco, Fernando Valenzuela y Luis Fernando Humérez en el penal de San Pedro por el plazo de seis meses para los últimos tres varones y tres meses para Marcelo Navajas», informó a los medios el fiscal Ruddy Terrazas.

Asimismo, para Ana Mendoza y Gabriela Pérez se determinó la detención domiciliaria sin salida laboral también por seis meses.

El fiscal señaló que las principales pruebas de la participación del exministro de Salud en la supuesta irregularidad son las notas que habría firmado con la solicitud de compra de los respiradores y de la contratación de un vuelo charter para trasladar los equipos desde España a Bolivia.

«Así también la declaración de Luis Fernando Humérez y también un desdoblamiento de de extracción periciadel teléfono de Fernando Valenzuela donde se lo menciona al exministro en unas conversaciones chat», afirmó Terrazas.

La audiencia cautelar se inició antes de las 18.00 del sábado en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia, en contra del ex ministro de Salud, el ex director jurídico de ese Ministerio, Fernando Valenzuela, el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y las funcionarias Ana Espinoza y Gabriela Pérez, por los delitos de contratos lesivos al Estado y otros.

Dicha audiencia se extendió por casi doce horas en la que los aprehendidos realizaron sus declaraciones.

De acuerdo con el Ministerio Público las personas aprehendidas están investigadas por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y malversación.

La compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio destapó el caso de corrupción donde el Estado destinó más de 4,7 millones de dólares por equipos que cuestan al menos 1,4 millones.

Los equipos tras su llegada al país el pasado 14 de mayo y que fueran entregados en varios hospitales, fueron calificados por profesionales médicos como no aptos para terapia intensiva, porque se trataría de máquinas solo de emergencia para mantener a una persona con vida hasta que sea conectada a un respirador convencional.

Durante las primeras pesquisas del caso, se reveló que el precio del equipo en fábrica es de 8.000 dólares, pero que el país destinó 27.683 dólares por cada unidad, haciendo un monto de 4,7 millones de dólares cuando en total costarían 1,4 millones, es decir 3,3 millones de dólares más que el precio en fábrica.