ULT17 - F1 - IRIARTE - SPLENDID

 

Roberto Medina Buezo – Edición impresa

A la conclusión de la audiencia cautelar que se realizó ayer por la tarde, la jueza 4º anticorrupción Melina Lima ordenó la detención preventiva en el penal de Miraflores de la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Lidia Iriarte, vinculada al presunto fraude electoral del 20 de octubre.

“Como el proceso de investigación se desarrolla, se ha considerado que existió una participación activa por parte de los vocales del TSE en ese hecho, y siendo ella miembro ha participado en la suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), como demuestran las evidencias colectadas en la investigación”, señaló el fiscal Marco Antonio Rodríguez.

Iriarte está imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, delitos informáticos (manipulación de datos), delitos electorales, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

El fiscal agregó que el Ministerio Público presentó varios elementos para sustentar la imputación, como los dos informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el fraude en los comicios, las declaraciones de funcionarios del TSE en calidad de testigos, quienes aseguraron la participación de Iriarte en la reunión de la sala plena que tuvo el 20 de octubre, en la que se decidió la suspensión del TREP.

“Como Ministerio Público vamos a requerir una copia legalizada del segundo informe de la OEA para anexarlo al expediente y determinar los elementos de convicción”, afirmó.

Los exvocales, el secretario de Cámara y funcionarios del Servicio del Registro Cívico (Serecí) dijeron que Iriarte estuvo en dicha reunión.
A pesar de que había una orden de aprehensión en su contra, aproximadamente durante un mes y medio, Iriarte estuvo oculta en su domicilio de Cochabamba, y en su defensa dijo que no se presentó a declarar en la Fiscalía porque estaba a cargo del cuidado de su hija, que es menor de edad, y de otro niño.

Con Iriarte, la totalidad de los exvocales electorales (seis) están recluidos en distintos centros penitenciarios mientras se investiga el presunto fraude.