La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. /Foto: Agencias.

Télam /

El abogado de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, afirmó este martes que la fiscalía de la causa Vialidad hizo un «intento desesperado» para mantener la acusación que tenía «certificado de defunción» y para ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan «limpiar todo» en base a llamados de otro acusado, José López.

La Vicepresidenta «no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas», sostuvo Beraldi en su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron «un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio», analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como «limpiar todo» en su alegato final.

En base a estos mensajes de López, «más de 26.000» de los cuales los fiscales «usaron cuatro o cinco» se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.

«Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros», enumeró sobre esa acusación fiscal.

Para el viernes, la Vicepresidenta tiene previsto hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en uso de su derecho a ejercer su propia defensa por su profesión de abogada, algo que hará también de manera virtual.

La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta «jefa» de asociación ilícita y administración fraudulenta.