Promulgación

 

Redacción central/Bolivia – Edición impresa

El Ministerio de Justicia inició los trámites para ejecutar el resarcimiento económico a las víctimas de los conflictos sociales acaecidos entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre. 

“El lunes 23 de diciembre se envió una nota oficial a la Fiscalía para que remita la información oficial acerca de las víctimas de los conflictos de octubre y noviembre”, informó el Ministerio de Justicia. 

Estos datos son fundamentales para avanzar en los trámites que deriven en el pago de la indemnización a los familiares de las personas que fallecieron y la atención a las que resultaron heridas en esas jornadas. 

El 5 de diciembre, la presidenta constitucional Jeanine Áñez  promulgó el Decreto 4100, que tiene como objetivo “autorizar la indemnización a los familiares de las personas fallecidas y cubrir los gastos de atención médica de las personas que resultaron heridas producto de los actos violentos suscitados en el país entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019”.

La norma tiene dos acápites fundamentales. En la primera autoriza al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional destinar recursos de hasta 1,5 millones de bolivianos para pagar las indemnizaciones a los familiares de las personas fallecidas. 

Y segundo, también permite al Ministerio de Salud destinar 3 millones de bolivianos para cancelar la atención médica, fármacos y dispositivos-insumos para las personas que resultaron heridas en esas jornadas. 

En ese período se produjeron enfrentamientos en el país a raíz de las denuncias de fraude en las elecciones nacionales del 20 de octubre, que se acrecentaron para pedir la renuncia del expresidente Evo Morales y que concluyeron con la aprobación de la ley de convocatoria a nuevas elecciones nacionales. 

Según el Decreto 4100, “entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre, bandas delictivas y grupos de choque promovieron y ejecutaron acciones de violencia, intimidación, saqueo, incendio y persecuciones de diferentes dirigentes, en todo el territorio nacional, mismas que derivaron en la trágica muerte de varios compatriotas y decenas de heridos”. 

Según la Fiscalía, los muertos de Sacaba fueron víctimas de “armas largas” y los de Senkata de “armas cortas”. 

El Ministerio de Justicia, además, informó que también se conformó una comisión para establecer el grado de afectación de los heridos en esos hechos. 

Según el Decreto 4100, el Ministerio de Justicia será el encargado “de registrar a las víctimas heridas en el conflicto y coordinará con el Ministerio de Salud a fin de cubrir los gastos de atención médica de las personas que resultaron heridas producto de los actos violentos suscitados en el país”. 

Además, “efectuará la evaluación y registro de las personas fallecidas en los sucesos violentos” y “coordinará el patronicio de los procesos de declaratoria de herederos para los familiares de los fallecidos”. 

El decreto establece que el beneficio asciende a 50 mil bolivianos por persona fallecida y por única vez, monto que podrá ser cobrado por los familiares hasta el primer grado de consanguinidad, es decir hijos, cónyuge y padres. 

“Los familiares de las personas fallecidas y heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez efectiva la indemnización y resarcimiento”, señala el artículo 5 de la norma.