El exministro de Salud Marcelo Navajas, luego de prestar su declaración en la FELCC paceña, ayer. (Foto: APG)

Roberto Medina / Bolivia Digital

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, señaló que su cartera solicitará la detención preventiva —inicialmente— de las cinco personas que fueron aprehendidas en horas anteriores por la presunta compra con sobreprecio de 170 respiradores.

A la fecha fueron detenidos el exministro de Salud Marcelo Navajas, el jefe de Adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y otros dos funcionarios, quienes serán imputados por al menos siete delitos, entre ellos uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y malversación de fondos, ya que tuvieron distintos grados de responsabilidad en la compra de los respiradores a casi 27 mil dólares cuando su precio real no superaría los 9.000 dólares cada uno.

“Se establece que hay casi 20 mil dólares de diferencia entre el precio de la empresa fabricante y el precio establecido en el contrato. Pero más allá, lo importante es determinar que en esta investigación no hay impunidad ni encubrimiento, el Gobierno actúa y no se va a premiar a nadie, no se dará embajadas ni consulados. Hay cinco aprehendidos y el Ministerio de Justicia pide su detención preventiva para que no obstaculicen la investigación, que se garantice su presencia en la investigación y los llevemos a un proceso judicial para que den su descargo y nosotros estableceremos sus responsabilidades”, declaró en entrevista con la Red Unitel.

Respecto a la situación del embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, y el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), David Pareja, indicó que el Viceministerio de Transparencia solicitó que ambos sean citados a la brevedad en calidad de testigos para conocer qué papel tuvieron en la compra de los respiradores.

“Por ahora hemos identificado a cinco personas en este caso y creemos que serán unas 10 las involucradas”, remarcó.

Situación del BID

Por otra parte, señaló que se debe revisar la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el proceso de contratación con base en protocolos internacionales, puesto que esta instancia dio un certificado de no objeción para la adquisición de los respiradores.

“Estableceremos si se cumplieron los protocolos internacionales de fiscalización, porque como fuente financiadora tiene participación de dar luz verde o no a pesar del sobreprecio, hay que ver la calidad de los equipos, tiempos de entrega y qué criterios establecieron para la compra”, apuntó.

Proceso de conciliación

La autoridad recordó que se suspendió el pago del 50% restante por la adquisición de los respiradores y que se solicitará una conciliación de ese saldo con la empresa.

También se establecerán los precios referenciales por cada respirador.

“Si no llegamos a ello, si la empresa inicia un proceso vamos a defender al Estado y determinaremos que se iba a hacer un daño. Hemos solicitado el congelamiento de cuentas y anotación de bienes de los involucrados, no habrá el segundo pago porque no se permitirá un daño económico”, manifestó.

Indicó que si no se llegara a una conciliación, no descartó un proceso en una instancia judicial de arbitraje u ordinario porque no se pagará el sobreprecio.

“Lo que llegó no se puede devolver, entonces en la conciliación se verá el precio real, ya que se han pagado casi 2 millones de dólares. Se habla de un software de actualización y accesorios, por lo tanto pediremos un informe técnico y los expertos nos dirán si los equipos son obsoletos y ahí el daño será más duro para el Estado. Lo real es que el Gobierno tendrá mano dura con los que quieran beneficiarse con los recursos públicos y no permitiremos que se le robe al Estado, quien lo haga se atendrá a las consecuencias”, aseveró.