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Cambio Digital

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, señaló que el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 “no es una carta blanca para matar” y que su finalidad es viabilizar la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) para ayudar a la Policía en operativos conjuntos de disuasión en las movilizaciones violentas.

“Con esta norma se encomienda a las Fuerzas Armadas actuar en caso de necesidad, es decir, para que contribuyan en primer lugar como un factor de disuasión, la idea es que no existan confrontaciones”, manifestó en conferencia de prensa desde el Palacio Quemado.

“Este Decreto establece que las FFAA puedan actuar junto con la Policía en operativos de disuasión y para repeler la agresión con el uso proporcional de la fuerza. Esa proporcionalidad es la que aclara que esta norma no es una licencia para matar. La norma está enmarcado en el Código Penal, en la que el uso de la fuerza puede aplicarse por ejemplo cuando se actúa en defensa propia”, agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando López, aclaró que el DS 4078 es una respuesta a un ataque directo con armas letales.

“En el Decreto el uso de armamento letal solo es tan solo como respuesta a un ataque, no como un ataque directo. Es una presencia disuasiva y proporcional, es decir, si nos están atacando con armamento con alto calibre responderemos en la misma proporción”, indicó la autoridad.

López fue enfático al señalar que los efectivos militares no van a salir con armamento a responder o a disparar porque quieren hacerlo.

“En el Código Penal se llama legítima defensa, tenemos fotos de nuestros blindados que han sido casi perforados con calibres 7.65. Es simplemente un Decreto que respalda el accionar de los militares como respuesta al ataque armado y nada más”, manifestó.

En el artículo 3 del mencionado DS se establece que: “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de procedimiento Penal”.

“Esta norma es proteger a los militares, si vale el término, en caso de que nos disparen con arma letal y nosotros disparemos con arma letal, (pero sólo será) a nivel responsivo, no de ataque”, aseveró.

Pronunciamiento de la CIDH

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), a través de su cuenta de Twitter, confirma que dicho Decreto supremo lo que busca es eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno.

“La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno”, señala dicho organismo en esa red social.

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