Víctor Manuel Jemio Oropeza (*)

Cuando la ausencia de cumplimiento de las normas legales y sociales de un sector de la ciudadanía amenaza la seguridad interna de un país, requiere que el liderazgo político decida utilizar la llamada ultima ratio regis que es el uso de su instrumento militar. Para ello se requiere determinar con precisión y valentía la oportunidad y la intensidad de empleo de la violencia legal de un Estado.

Eso, en buenas cuentas, significa determinar cuándo, dónde y cómo se utilizarán los medios y las armas con que cuenta esta institución obediente y disciplinada. Pero sobre todo tener precisión sobre cuál es el objeto de su empleo.

En base a esta inicial concepción de su utilización, la planificación sectorial determina los objetivos militares que deben ser logrados con la aplicación de la fuerza que se dispone y que se demanda y ordena sea empleada; es decir, cuál es el fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige la acción del personal. Por tanto, debe asumir una actitud que no es otra cosa que una disposición de ánimo que se manifiesta por una postura física, actitudinal y procedimental.

Entonces: ¿Las Fuerzas Armadas deben acudir con herramientas y mangueras como fue el caso en la lucha contra el fuego en la Chiquitania? ¿O en las inundaciones? ¿O con armas y llevar munición letal en caso de turbas violentas descontroladas? ¿Deben dirigirse y actuar con firmeza y hasta con violencia para disuadir (causar temor)? O deben ir con flores y súplicas a los infractores para que les hagan el favor de cumplir lo que manda la ley y la autoridad encargada de la seguridad interna.

Todo lo anterior está registrado en normas y principios doctrinarios que orientan la acción de los encargados de hacer cumplir la ley; pero, ¡oh sorpresa! La ley que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19 (Ley 595/2019-2020), aprobada por los tercios del llamado rodillo del MAS en Asamblea Legislativa, establece limitaciones a la acción de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía en contra de los ciudadanos que infrinjan el aislamiento social. Abre incluso la posibilidad de enviar a policías y militares a la justicia ordinaria, si estos impidiesen romper la cuarentena. ¿Qué burla es esta? ¿Se desea hacer un remedo de cómo se emplea la fuerza?

Los límites necesarios a la aplicación de la violencia está dada por las condiciones de ejecución de las órdenes y de las reglas de empeñamiento, pero de ninguna manera se debe pedir a los soldados y policías que pongan sus mejillas y sus vidas para ser abofeteadas y quitadas con “la violencia “legitima del pueblo”. ¿Se desconoce la precedencia del derecho específico y los tribunales militares y se los quiere enviar a la judicatura ordinaria? ¡Por favor!

Si se desea de veras que se cumpla la norma y la ley, se debe recuperar la credibilidad del disuasor. El que delinque y viola la ley debe estar convencido y alertado que el soldado aplicará la fuerza necesaria, que merece respeto y obediencia a su uniforme y a labor que cumple. Es un hijo un hermano un padre, que durante un año debe defender a su país de las amenazas que enfrenta, tanto externas como internas y debe estar a cubierto de daños que le puedan ocasionar los que no desean cumplir la ley y las disposiciones de su gobierno, convencido además que su accionar, es justo, legal y legítimo.

(*) El autor es general de la República en retiro