Luis Oporto Ordóñez/Crónicas/

En efecto, la República de Bolivia se erige sobre la base de un régimen segregacionista y patriarcal que excluye a indios y mujeres de la condición y cualidad de la ciudadanía. Garantiza a un grupo minúsculo de la sociedad el goce de derechos civiles y políticos para “concurrir como elector o elegido a la formación o al ejercicio de los poderes públicos” y para la “admisibilidad en las funciones públicas”.

La condición no era sólo saber leer y escribir, sino “tener algún empleo o industria, profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico”, como cruel paradoja, esa misma Constitución ordenaba que “solo los que sean ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos y cargos públicos”.

Los avances constitucionales fueron dramáticos y con un alto costo social, pues la protesta era respondida con cruentas masacres y represión. En 1851, Manuel Isidoro Belzu convoca a una Convención Nacional que sepulta la Constitución de 1831 y sanciona un régimen garantista de los derechos ciudadanos, civiles y políticos, sin excepción, hecho que conmociona a la clase dominante. La Constitución declara que “todo hombre nace libre en Bolivia: todo hombre recupera su libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él”, con lo que anula dos bases esenciales del Estado latifundista: el pongueaje de la hacienda y el esclavismo de la población negra afrodescendiente; cierra el ciclo legalista al prescribir que “a la edad de veintiún años tienen los bolivianos la capacidad de ejercer los derechos políticos y civiles”. Tan avanzada legislación, no obstante, está escrita en términos estrictamente patriarcales, ignorando a las mujeres, pues el texto constitucional está redactado pensado en el hombre, estricto sensu.

Régimen segregacionista
Tras 33 conatos (intentos) revolucionarios para derrocarlo, en 1855, Belzu dimite al gobierno y sale al exilio. En 1861, el Gral. José Miguel Achá convoca a la Convención Nacional que redacta una nueva Constitución que elimina la histórica conquista de la ciudadanía general, retornando al régimen segregacionista, al declarar que “para ser ciudadano se requiere: ‘saber leer y escribir, y tener una propiedad inmueble cualquiera, o una renta anual de doscientos pesos que no provenga de servicios prestados en calidad de doméstico’. La clase política otorga una concesión a la raza negra, al reconocer que la esclavitud no existe ni puede existir en Bolivia”.

Esta situación se mantiene inalterable durante el resto del siglo XIX. La Constitución de 1880 refrenda ese estatu quo. Ni la Guerra del Pacífico (1879) ni la campaña del Acre (1900) conmueve a la clase dominante que prefiere inmolar a sus hijos, excluyendo a los indígenas en la defensa de la Patria. Se abre un resquicio legal con las reformas militares de 1906 que implantan el servicio militar obligatorio, en el que la masa indígena ve de manera pragmática la puerta para acceder a la ciudadanía, pues a pesar que ingresan a los cuarteles esencialmente analfabetos, dentro los recintos castrenses la instrucción militar se imparte en castellano, con lo que los indios son licenciados del servicio ostentando la firma autógrafa que los califica como ciudadanos.

El Gral. David Toro, como representante de la generación de la Guerra del Chaco (1932-1935), tomó el poder por la vía del golpe de Estado, con el ideal de implantar el Socialismo Militar. En el ejercicio del gobierno reconoce derechos sociales de los trabajadores y enfrenta el ominoso poder de la Gran Minería. Germán Busch, luego de derrocar a su antiguo mentor, convocó a la Convención Nacional de 1938.

El trabajo y el capital como factores de la producción
Los convencionales de ese histórico Congreso, entre ellos Renato Riverín, Waldo Álvarez (La Paz), Augusto Céspedes (Cochabamba), Trifonio Delgado (Huanuni), Félix Eguino (Omasuyos), Wálter Guevara (Arani), Víctor Paz (Tarija), Corsino Rodríguez (Potosí) y Emilio Sejas (Bustillos), sancionaron la Constitución que introdujo, por primera vez en la historia de Bolivia, el Régimen Cultural, el Régimen Económico Financiero del Estado y el Régimen Social.

El Régimen Económico del Estado responde “esencialmente a los principios de justicia social, que tiendan a asegurar una existencia digna del ser humano”, para cuyo fin declara que “son del dominio originario del Estado (…) todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico”; consagra la potestad del Estado para “regular el ejercicio del comercio y de la industria, asumir la dirección superior de la economía nacional”; prescribe que “la exportación del petróleo de propiedad fiscal o particular se hará por intermedio del Estado o de una entidad que lo represente”; autoriza a “asumir la dirección superior de la economía nacional” y ordena que “todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país, se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República”.

Rompe las sacrosantas bases del Estado segregacionista y patriarcal al reconocer que “el trabajo y el capital, como factores de la producción, gozan de la protección del Estado”, autorizando regular “el seguro obligatorio de enfermedad, accidentes, paro forzoso, invalidez, vejez, maternidad y muerte, los desahucios e indemnizaciones a empleados y obreros, el trabajo de las mujeres y de los menores, la jornada máxima, el salario mínimo, el descanso dominical y de los feriados, las vacaciones anuales y puerperales con goce de salario, la asistencia médica e higiénica y otros beneficios sociales y de protección a los trabajadores”. Pone al matrimonio, la familia y la maternidad bajo la protección de la ley, reconoce la igualdad entre los hijos, “la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia, defiende los derechos del niño al hogar, la educación y a la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia”.

Reconoce las autonomías municipales y de la universidad nacional, declara que “la educación es la más alta función del Estado, implanta el sistema de la escuela única, con obligación de asistencia escolar desde los 7 hasta los 14 años y la instrucción primaria y secundaria del Estado gratuita. Incorpora el concepto de Patrimonio Cultural de la Nación, declara que “la riqueza artística, arqueológica e histórica y la procedente del culto religioso es tesoro cultural de la Nación, está bajo el amparo del Estado y no puede ser exportada” y ordena que “el Estado protegerá los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico”.

Como broche de oro, reconocía y garantizaba “la existencia legal de las comunidades indígenas”, afirmando que “la legislación indígena y agraria se sancionará teniendo en cuenta las características de las diferentes regiones del país” y que “el Estado fomentará la educación del campesino mediante núcleos escolares indígenas que tengan carácter integral abarcando los aspectos económico, social y pedagógico”.

Larga batalla democrática
La Constitución de 1938 sentó las bases de la revolución democrática y social de 1952. Marca el inicio de una larga batalla por recuperar el derecho de los bolivianos a explotar sus recursos naturales, vivir con dignidad, reconocer los derechos de los campesinos e implantar la “Educación como la máxima función del Estado”. La medida concitó apoyo popular y rechazo de la gran minería y la oligarquía feudal-latifundista-mercantil. La misma noche del 28 de octubre en que el ‘camba’ Busch promulgó el texto constitucional, decretaron la guerra a muerte a su gobierno.

Gualberto Villarroel López
Germán Busch
Gral. David Toro

El 23 de agosto de 1939 el joven militar aparecía muerto, aparentemente por mano propia. La tranquilidad había vuelto al seno de la vieja clase dominante que impuso una Junta de Gobierno presidida por el Gral. Carlos Quintanilla. Más tarde, el 21 de diciembre de 1942, el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda instruyó la cruenta y salvaje masacre minera de Catavi que a la postre provocaría su caída a manos del militar patriota Gualberto Villarroel, que retoma la línea de Busch el 20 de diciembre de 1943. En 1945, Villarroel convocó al Primer Congreso Indigenal que exigió la eliminación del trabajo servil en las haciendas (el pongueaje), medida resistida por la clase terrateniente, que provocó su caída. La oligarquía se ensañó contra el presidente militar, usando su poder económico, planificó la toma del Palacio Quemado, asesinó al presidente y martirizó su inerte humanidad, colgándolo de un farol de la plaza Murillo, el 26 de julio de 1946.

Sin embargo, el viejo régimen está herido de muerte y se inicia su cuenta regresiva, con una amenaza de guerra civil en 1949 y la urgente convocatoria a elecciones en 1951, en las que triunfa inesperadamente la fórmula del Movimiento Nacionalista Revolucionario, liderado por Víctor Paz y Hernán Siles, con el 42,91% de los votos. En una brusca reacción, el presidente Mamerto Urriolagoitia dimite el poder a favor del Gral. Hugo Ballivián Rojas, con el consecuente apresamiento y destierro de la joven dirigencia ‘movimientista’. En abril de 1952, como consecuencia de un movimiento revolucionario, el movimiento social organizado en milicias populares impone la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal.