Un audio que registra las conversaciones del secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz ha vuelto a poner en el escenario del debate el tema referido al financiamiento y la corrupción — ambos ligados de manera por demás evidente — de las organizaciones cívicas del departamento de Santa Cruz.

La conversación registrada en el audio en cuestión deja entrever que el funcionario de la Gobernación pide dinero a sus servidores públicos que, de acuerdo a la investigación posterior, serían gerentes o administradores de los centros hospitalarios. La entrega consiste en determinadas cantidades de dinero que debieran ser el producto de los aportes “voluntarios” de los proveedores de insumos médicos a estos centros hospitalarios.

El ciudadano de la calle siempre se ha preguntado de qué viven los comités cívicos, cuál es la forma en que financian sus actividades, desde la compra de inmuebles para sus sedes, pago de servicios, pago de sueldos a su personal, pago de pasajes y viáticos a sus dirigentes y muchos otros gastos relacionados con sus actividades propias.

Nunca se pudo escuchar una respuesta clara y transparente. Que los aportes de los miembros, que donaciones de benefactores, etc., etc. Es decir una serie de verdades a medias, pero que sobre las cuales tampoco se ha revelado exactamente cuáles son y cómo se administran.

Al haberse destapado, recién el pasado año, la cadena de escándalos de corrupción vinculada a las entidades públicas y a las empresas de servicio, manejadas de manera permanente por miembros de la denominada élite cruceña, la gente todavía podía creer en la buena fe de la dirigencia cívica, llegando a considerar a estos dirigentes como una especie de mecenas del civismo, que sacrificaban recursos de su propio peculio para luchar por las reivindicaciones de la gente.

Pero, felizmente, la realidad tuvo que abrir los ojos a quienes ciega o confiadamente acudían militantemente a sus movilizaciones, marchas y demás convocatorias sin saber que éstas eran financiadas por recursos de las instituciones de los propios cruceños o, también, como se acaba de descubrir de la extorsión y el cohecho a empresarios, seguramente cruceños la mayor parte de ellos, que son los proveedores y contratistas de estas mismas entidades cruceñas.

Lo de Pacheco y compañía es solo una muestra del estado de podredumbre institucionalizada en la élite cruceña. Si alguien hurga en el avispero, seguro que seguirán saltando más sorpresas, cada vez menos sorprendentes, de este mismo género.

Aun cuando el Gobernador cruceño intente lavarse las manos en este asunto, sumándose a la denuncia, lo evidente salta a la vista. Huele a podrido el interior de esa Gobernación y lamentablemente, por acción u omisión de quienes debieran encargarse de perseguir e investigar a los delincuentes, el principal implicado en este último suceso ha desaparecido, por decirlo de laguna manera.

Hace unos días, Pacheco, paseándose por la propia Fiscalía, anunciaba que con sus declaraciones podría producirse un temblor en la élite cruceña. Parece que estas advertencias generaron demasiado temor en varios círculos y llevaron a tomar medidas urgentes para evitar cualquier riesgo que salga de la boca de Pacheco. Cosas similares sucedieron en el pasado reciente con el esposo y el yerno de Angélica Sosa o con la fuga de los hermanos Parada. Nadie puede asegurar nada respecto de dónde está Pacheco, pero se pueden plantear varias hipótesis, aunque es mejor esperar que el tiempo y las autoridades correspondientes digan qué fue lo que realmente pasó.