Por: Iván Canelas Alurralde/

El paro en Santa Cruz promovido por los cívicos y el gobernador Luis Fernando Camacho, que generó irrecuperables pérdidas económicas a ese departamento, y la movilización de los cocaleros de los Yungas, son la continuación de las acciones de la derecha más radical para desestabilizar la democracia con la intención de una nueva aventura golpista en el país.

No es casual, por lo tanto, la generación de la extrema violencia ejercida por los cívicos y la Unión Juvenil Cruceñista en contra de ciudadanos que rechazaron los paros y la actitud violenta de grupos, al parecer contratados, en el conflicto de la Asociación Departamental de la Coca de La Paz (Adepcoca).

La detención de 24 productores de coca que no solo tenían armamento que podía causar la muerte de personas, sobre todo policías, sino la tenencia de celulares con señal internacional, para no ser identificados en el país, son otra prueba de ello.

Las declaraciones y amenazas de los dirigentes de Adepcoca de que en Bolivia se volverá a derrocar al gobierno legalmente constituido son una clara confesión de los intereses y objetivos que tienen estas movilizaciones violentas.

La desestabilización se gesta desde Santa Cruz, principalmente de los grupos de la derecha extrema que no asimilaron la voluntad del pueblo boliviano de vivir en democracia y de no volver a permitir bajo ningún punto de vista un nuevo golpe de Estado, como el perpetrado en noviembre de 2019.

Todas estas acciones irregulares han sido como siempre respaldadas y alentadas por los medios de comunicación conservadores y que irónicamente se dicen “independientes” y que están al servicio de la oposición política.

No solo intentan justificar el uso de la violencia de una parte, en este caso de los cocaleros y critican a la Policía, sino acuden a calificar que se viola la libertad de expresión, información y de prensa, como si esta solo fuera un derecho de ellos y no de la ciudadanía en general.

El Estado tiene la responsabilidad no solo de evitar este tipo de acciones violentas que ponen en riesgo la estabilidad democrática, sino sancionar a quienes están detrás de ellas, en el estricto cumplimiento de las normas legales vigentes en el país.

Solo de esa manera se podrá evitar nuevas aventuras golpistas que no solo ponen en riesgo la paz ciudadana, sino afectan la economía y estabilidad del país y los ciudadanos que a diario trabajan para el bienestar de sus familias.

La sanción al dictador Gral. Luis García Meza, en los años 80, con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, nos posibilitó vivir 39 años de democracia, la sanción a los aventureros golpistas de noviembre de 2019, en el estricto cumplimiento de la ley, nos ayudará a preservar la democracia que tanto esfuerzo, lucha y dolor costó a los bolivianos.

La derecha no duerme y está alentada por el imperialismo que continúa en el proceso de desestabilización de la democracia, no solo por motivos políticos, sino el interés de apropiarse de nuestros recursos naturales, sobre todo, el litio.

Iván Canelas Alurralde es periodista.