El fiscal general Juan Lanchipa, ayer en conferencia de prensa en Sucre. (Foto: FGE)

• Redacción Central /

En el marco de las investigaciones por la compra con sobornos y sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019, el Ministerio Público inició el proceso de extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo y las acciones para la recuperación de activos y dinero a favor del Estado boliviano.

El 12 de enero de 2021, el Ministerio Público inició el proceso de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal, para que la solicitud sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente, de acuerdo con el artículo 149 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. También se dispuso la canalización de todas las acciones procesales destinadas a la recuperación y repatriación, en favor del Estado boliviano, de todos los activos, dineros y valores que se hubieren generado como resultado de actos ilícitos, sostuvo ayer en la ciudad de Sucre el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que entre el 21 y 22 de mayo fue arrestado en el país del norte Arturo Murillo junto con otros cuatro investigados por la compra irregular del armamento no letal, y que la audiencia en su contra se realizará el 7 de junio.

Murillo y los demás implicados son investigados por los delitos de lavado de dinero y soborno al haber aplicado, entre noviembre de 2019 y abril de 2020, un plan de coimas con la finalidad de beneficiar con un contrato millonario a la empresa Bravo Tactical Solutions, con sede en Florida, Estados Unidos, para que haga negocios relacionados a la compra de equipos no letales y gases lacrimógenos con el Misterio de Defensa de Bolivia y la empresa brasileña Cóndor.

La autoridad agregó que el proceso penal se encuentra en la fase final del trámite de la etapa preparatoria, habiendo emitido imputación formal en contra del exministro de Gobierno.

La actuación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica denota legalidad y legitimidad de las actuaciones investigativas desarrolladas por el Ministerio Público Boliviano en contra del sindicado Arturo Murillo y otras exautoridades, por la presunta comisión de hechos de corrupción y violación de derechos humanos, extremos que deben ser considerados por organismos internacionales vinculados a la persecución penal internacional, manifestó.

ACCIONES INMEDIATAS

La Fiscalía solicitará el congelamiento de cuentas bancarias a nivel internacional que tengan como propietarios a Arturo Murillo y otros involucrados en hechos de corrupción de casos que son investigados en territorio boliviano.

Extraoficialmente se supo que Arturo Murillo hizo varias transferencias de dinero, cuando aún era Ministro, desde Bolivia hacia sus cuentas particulares en Estados Unidos, hecho que es investigado.

Ayer en la mañana se ejecutaron varios allanamientos a inmuebles de los investigados y también se hicieron inspecciones en entidades bancarias para establecer el recojo o retiro irregular de dinero por parte del excuñado de Murillo, Daniel Leonardo Aliss Paredes, actualmente aprehendido en La Paz.

El Ministerio Público activó nueve procesos en contra de Murillo por los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.

Condena de 20 años de cárcel

Murillo podría ser sentenciado a 20 años de prisión si es declarado culpable de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero.

Daño económico al Estado

El 16 de noviembre de 2019, Bryan Berkman, representante de Bravo Tactical Solutions, le pidió a Rodrigo Méndez, entonces jefe de gabinete de Arturo Murillo, que mande una carta a la brasileña Cóndor indicando que el contrato para la compra de gases lacrimógenos debía canalizarse únicamente mediante su empresa.

Méndez recibió una coima de $us 582.000 por parte de Bravo Tactical Solutions.

Una vez concretada esta autorización, Bravo Tactical adquirió el armamento no letal por $us 3,3 millones; sin embargo vendió esa adquisición al Estado boliviano por $us 5,6 millones.

Esta transacción irregular causó un daño económico al Estado de $us 2,3 millones que fueron a parar a manos de todos los involucrados.

La ganancia fue transferida en varias partidas, mediante el Banco Central de Bolivia, a bancos norteamericanos y luego retornó a las cuentas de los investigados.