En Bolivia, la actividad periodística se rige normativamente por la Ley de Imprenta y es allí, en esa jurisdicción, donde deben resolverse todos los problemas de orden legal que se susciten con relación al trabajo de los periodistas y los medios: es allí y no en ninguna otra jurisdicción. Eso está totalmente claro.

La Constitución Política del Estado aprobada y puesta en vigencia en 2009, después de la realización de la Asamblea Constituyente, en su artículo 106 establece la plena garantía del derecho a la comunicación y del derecho a la información; asimismo, garantiza el derecho a la libertad de expresión de todos los bolivianos y bolivianas y el derecho a emitir libremente sus ideas por cualquier medio, sin censura previa. Igualmente reconoce dichos derechos a los trabajadores de la prensa y reconoce la cláusula de conciencia para su trabajo.

El artículo 107 del mismo cuerpo legal, en su parágrafo II, estipula que la información y las opiniones emitidas a través de los medios obedecen a los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios —agrega— se ejercerán mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Son justamente estas últimas palabras del artículo antes señalado, “su ley”, que habilitan constitucionalmente la plena vigencia de la norma sancionada por el Congreso, bajo el gobierno de Bautista Saavedra, el 19 de enero de 1925. Es decir, la Ley de Imprenta está plenamente vigente y su cumplimiento, como de toda ley vigente, es obligatorio para todos los bolivianos y todas las bolivianas y para los extranjeros que se encuentran en territorio boliviano.

Podemos encontrar, seguramente, muchos aspectos que observar en la casi centenaria ley; es más, a lo largo de su existencia han sido varios los intentos de modificarla, actualizarla e incluso sacarla del ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, pese a todas estas críticas, muchas de las cuales pueden tener consistencia y estar plenamente justificadas, mientras no sean las instancias legalmente establecidas para realizar las modificaciones normativas, es decir, las legislativas, la ley se encuentra vigente.

El por qué no se la aplica responde también a algunos factores que es bueno aclararlos. En principio habrá que señalar que sí la ley de imprenta ha sido aplicada en algunos casos que quedan ya establecidos como parte de la jurisprudencia en esta materia. Sin embargo eso sucedió hace muchos años ya.

Una de las limitantes para que quienes se sientan agraviados con el trabajo de la prensa es que los Tribunales de Imprenta, establecidos por la misma ley, para que conozcan este tipo de casos, en la realidad no existen, puesto que quienes tienen la obligación de conformarlos, los concejos municipales, han olvidado ese mandato legal y han dejado en un estado de indefensión total a quienes quieren denunciar delitos o faltas de imprenta. Habría que exigir a estas instancias de gobierno local que cumplan con la constitución de los tribunales de imprenta, como lo manda de manera expresa la ley.

Sin embargo, y aún cuando no estén constituidos los tribunales de imprenta, todo juez ordinario, que reciba una denuncia relacionada con el trabajo de los medios o de los periodistas, tiene la obligación de declinar competencia y remitir todos los antecedentes a la jurisdicción correspondiente, es decir al Tribunal de Imprenta. No puede tomar conocimiento de ninguna manera y en ninguna situación de este tipo de casos.

El respeto a la libertad de expresión e información, y la plena vigencia de la Ley de Imprenta, además de ser una responsabilidad del Estado en diferentes niveles, es también una responsabilidad de los propios medios y de los trabajadores de la prensa, que deben velar por el permanente funcionamiento de los tribunales de imprenta.