Definitivamente las versiones de algunos medios opositores evidencian mala intención, deshonestidad y falta de respeto a la sociedad y al principio de aproximación a la verdad. Se entiende la posición editorial y que sean parciales informativamente con la oligarquía y sus expresiones políticas y cívicas, pero ¿hasta qué punto se puede mentir y actuar con tanta saña para lastimar la imagen del Gobierno?

La mala fe se ha vuelto una normalidad en algunos medios de comunicación, se falsifica la verdad para confundir y desinformar a la población con el objetivo de indisponer a la gente y volcar ese malestar contra las autoridades del Órgano Ejecutivo.

Esta práctica deshonesta es frecuente. Por ejemplo, pese a que es de conocimiento público que Jeanine Añez no se encuentra detenida por sedición y terrorismo —noticia que además fue difundida ampliamente por gran parte de los medios privados— ayer divulgaron una versión que dice todo lo contrario.

Esta versión la respaldan con una declaración del relator del Comité contra la Tortura (CAT, por su sigla en inglés), Chairperson Heller, en la que supuestamente habría señalado que los tipos penales de sedición y terrorismo “son vagos y abstractos, y no se adecúan al principio de la legalidad”.

Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, dijo que “sobre una primera intervención del presidente Heller, que preguntaba al Estado de Bolivia si Añez era procesada y detenida preventivamente por sedición y terrorismo, no se presentó mi declaración posterior, y aclaré y fui enfático en que actualmente no está detenida por ambos delitos, su actual acusación y pronto juicio oral por el caso Golpe de Estado II es por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes”.

Además, en la sesión del CAT, el relator Chairperson Heller hizo referencia a otros aspectos que fueron ignorados por el corporativismo mediático, como se refleja a continuación.

Heller dijo: “Los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista, y antindígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a este segmento de la población”.

Asimismo denunció que desde “la propia presidencia interina (Añez) se expresaron discursos racistas y de discriminación en contra de los pueblos indígenas recogidos en redes sociales, pretendiendo restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.
Aemás “los ataques físicos, amenazas, insultos y malos tratos a mujeres indígenas por grupos organizados acompañados por expresiones de intolerancia relacionadas con su etnicidad y filiación política proliferaron”.

También se estigmatizó “a la población indígena, campesina y rural en situación de pobreza y tez morena, que la identificaban como el Movimiento Al Socialismo (…) En una muestra de intolerancia cultural y falta de respeto por los símbolos indígenas la wiphala, que es una bandera indígena esgrimida como identificación y protesta, fue removida de instituciones públicas e incendiada en un acto de venganza e incitación al odio”, manifestó.

En el tratamiento de este tema puntual la mala fe se hace patente y expone a la corporación mediática en su voluntaria y consciente ilicitud en el obrar, una clara intención de engañar y dañar.

«La mala fe se hace patente y expone a la corporación mediática en su voluntaria y consciente ilicitud en el obrar para mentir y dañar».

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