Por: Ariel Molina/

Pocas buenas decisiones han sido tomadas de madrugada y la del pasado 26 podría generar un antecedente positivo o negativo, según la gestión política que realice el nivel central del Estado. La justificación fue pacificar la ciudad cruceña, que dentro de los valores, principios y funciones que tiene un Estado Social de Derecho como el nuestro, valida esta finalidad.

No obstante, la pacificación no debería asociarse a contentar a un solo lado de los demandantes. También de este lado hay un pueblo que demanda justicia para alcanzar la paz; y es que la pacificación no solo debe procurarse cuando la conflictividad adquiere tintes activos de violencia, en los murmullos hay una latencia disconforme que desea justicia y sospecha, casi en la desilusión, una inacción de su propio gobierno.

A partir de la configuración de esta nueva “paz armada”, les corresponderá a los actores políticos desmentir las acusaciones sobre traiciones y confabulaciones secretas. De igual forma, tendrán que decidir frente al país, la suerte de los caldos de cultivo que infectan la revolución social iniciada el 2006, los que se vienen arrimando a comités cívicos. Pero el momento histórico no permite dudas ni egoísmos, el proceso de cambio tiene mayor valor que cualquier aspiración política electoral venidera.

Finalmente, esta ley no valida ni refuerza la voluntad del Ejecutivo. Nuestro presidente ya estableció la fecha de realización del censo para el 2024, la ley promueve esta decisión para aplicar los resultados del censo para la redistribución de recursos y la reconfiguración de las circunscripciones electorales. Sí, lo dicho ya se encuentra establecido en la normativa vigente pero como en un principio se señaló, los principios democráticos jamás esperan convertirse en antecedentes negativos y aquí estamos todos para evitarlo.