La irresponsabilidad de ciertas autoridades puede llegar a niveles insospechados y poner en riesgo a toda una ciudad, la que ya ha sido víctima de un desastroso gobierno municipal durante algo más de dos décadas y que cotidianamente va espectando los problemas generados por una ineficiente e incapaz administración.

No hace falta ser demasiado acucioso para estar enterado de los problemas que afectan a la sede de gobierno en cuanto al uso del suelo, las autorizaciones irregulares de construcción, el desbaratamiento de edificios patrimoniales e históricos en varias zonas y la penosa tugurización de la ciudad.

El boom de la construcción, resultado de la política económica del Proceso de Cambio durante los últimos dieciséis años, ha impulsado no solo cosas buenas, como la generación de empleo, directo e indirecto, movimiento económico en materiales de construcción y en otros sectores relacionados, además ha dado oportunidad a que muchos bolivianos puedan acceder a viviendas dignas, especialmente en las ciudades.

Sin embargo, en contrapartida, debido a la ineptitud e incapacidad de ciertos gobiernos municipales, como el de la ciudad de La Paz, este auge ha degenerado en un caos que no toma en cuenta las condiciones de riesgo de la urbe, en la mayor parte de sus zonas, ignorando el mapa de riesgos elaborado por el propio municipio, descartando el trabajo de los especialistas en la materia. Se han otorgado autorizaciones sin ninguna explicación lógica en zonas de alto riesgo o en barrios donde no se han previsto los servicios básicos de alcantarillado, aguas pluviales y servidas, provisión de agua potable y la capacidad de las mismas vías para abastecer la irrupción de miles de habitantes donde antes no pasaban de unas decenas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se autorizaron esas obras?

Adicionalmente se ha atentado contra el ornato de la ciudad. En zonas destinadas exclusivamente para residencia se han levantado mamotretos como uno de color verde ubicado en la principal avenida de la zona de Calacoto que rompe absolutamente con todo concepto de estética urbanística.

Los deslizamientos, cada vez más frecuentes, son atribuidos por las autoridades ediles a fenómenos naturales, cuando las evidencias apuntan a que las causas tienen que ver con autorizaciones otorgadas por el municipio paceño para la construcción de edificios de gran envergadura que, al hacer movimiento de tierra de magnitud, desestabilizan el suelo a su alrededor y ocasionan en muchos casos el derrumbe, asentamiento o deslizamiento de construcciones vecinas.

Esa ya es historia conocida. Genera sospecha de corrupción saber cómo se logran esas irregulares autorizaciones de construcción y por qué los inspectores municipales no paralizan obras peligrosas que de forma por demás evidente ponen en riesgo a los vecinos. Son preguntas que las debiera responder el gobierno de la ciudad, pero prefiere guardar un silencio cómplice que contribuye a que la ciudad cada vez se encuentre en una situación de mayor vulnerabilidad.

No es un tema político, menos partidario, es de interés y preocupación de todos los estantes y habitantes de La Paz, es de protección de la ciudad y de los inmuebles de los vecinos. No se puede permitir que, por favorecer a los empresarios de la construcción, se exponga a estos graves riesgos a familias que en muchos casos tienen invertidos en la construcción de sus casas sus ahorros, su trabajo de toda una vida y que ven derrumbarse de la noche a la mañana por la incapacidad y la corrupción de quienes dirigen el municipio.