Por: Iván Canelas Alurralde/

El desgastado argumento de la persecución política utilizado para todo, sobre todo en casos de corrupción, mal manejo de recursos económicos y haber tenido participación activa en el golpe de Estado, se ha convertido en la excusa para deslindar responsabilidades y culpabilidad.

El exministro Arturo Murillo y sus cómplices usaron el mismo justificativo para huir del país y evitar procesos en su contra por el robo de más de 2 millones de dólares. Si no hubiera sido la justicia estadounidense, que los detuvo por otras acusaciones, seguro estuvieran libres.

Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros, también adujeron persecución política para liberarse de procesos judiciales, en unos casos por genocidio y en otros por corrupción.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lo utilizó en el pasado cuando escapó a los Estados Unidos por una serie de denuncias en su contra, sobre todo cuando fue prefecto del departamento.

Sus procesos continuaron, pero usando la chicana jurídica y la corrupción en la justicia logró evitar, por lo menos hasta ahora, que se lo procese en varios casos, muchos de ellos desde el 2009 y el 2010.

Es fácil engañar a la opinión pública utilizando a algunos medios de comunicación conservadores, afirmando que sus procesos no se deben a las irregularidades que cometió, sino a una encuesta que lo ubica con buen respaldo ciudadano y la persecución política.

Recordemos, sin embargo, algunos de sus casos de corrupción. El primero está relacionado con el camino Lacma-Santiváñez, de 2010. Se lo acusa de uso indebido de influencias, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

El otro, uno de los más graves, la construcción de la represa Kecoma. En esa obra mal construida, porque tiene filtraciones, se lo acusa por incumplimiento de deberes y porque no se cumplieron los plazos en la entrega de la obra.

Al margen de estas denuncias en su contra existen otras por malversación económica también del 2010, la construcción irregular de un módulo policial en Tiquipaya, el camino Vinto-Sacambaya el 2009, todo un engaño a Cochabamba y la compra con sobreprecio de vehículos de lujo, el 2006.

Las denuncias son claras, todas con pruebas, pero el Alcalde de la Llajta utiliza la persecución política como lo hizo hace años y lo hicieron muchos de los que fugaron del país para no enfrentar la justicia.

La justicia tarda, pero llega, dice el refrán, aunque la verdad no siempre es así, me imagino que se refiere a la divina, sin embargo, aunque el burgomaestre busque justificativos de orden político, tendrá que defenderse con pruebas de descargo, no argumentos políticos.

El Alcalde sabe bien de este manejo político, no solo estuvo involucrado en la Guerra del Agua cuando, con su socio Gral. Hugo Banzer Suárez, intentó entregar el agua a manos privadas, sino también en los luctuosos hechos de enero de 2007, cuando murieron tres personas, y en los intentos de golpe de Estado contra Evo junto a otros prefectos de la denominada Media Luna. (Iván Canelas Alurralde, es periodista)