Uno de los tres imputados por el caso respiradores son conducidos a su audiencia de medidas cautelares la cual fue suspendida. (Foto: Alexis DEMARCO/APG)

Eliana Uchani / Bolivia Digital

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, informó que las investigaciones que están realizando en el caso de la compra de 170 respiradores españoles tienen un significativo avance y que a la brevedad posible se darán los resultados sobre la participación de cada uno de los implicados y la relación de hechos.

La autoridad policial manifestó que continuarán con la citación de al menos 10 personas más, algunas en calidad de testigos y otras como posibles denunciados, aunque señaló que eso lo determinará el Ministerio Público.

Aún se está analizando la convocatoria del exministro de Salud Aníbal Cruz; el cónsul de Bolivia en España, David Pareja, y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.

“Tenemos muy buen avance en la investigación, lo que nos permite en este momento poder decir que estamos próximos a dar una respuesta con relación al hecho”, puntualizó Rojas.

En ese mismo contexto, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, indicó que solicitaron a la Fiscalía que realice varios actuados y requerimientos de documentos necesarios para que la próxima semana ya se tengan los resultados de la etapa preliminar de investigación.

“(Pedimos) que se profundice esta investigación para que la próxima semana, como máximo, ya tengamos cerrada esta primera etapa preliminar de la investigación. El Ministerio Público deberá presentar una acusación formal y que en el menor tiempo posible se lleve adelante un juicio, en el que se establezcan responsabilidades y se pueda emitir sentencias a gente que, desgraciadamente, ha querido abusar de su cargo en algunas situaciones y en otras aprovecharse desde lo privado”, precisó el titular de Justicia.

La audiencia de medidas cautelares del exministro de Salud Marcelo Navajas y otros cuatro involucrados en este caso se postergó para este sábado, debido a la aprehensión del juez Hugo Huacani por prevaricato en la investigación contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y su apoderada legal por el delito de terrorismo.

Navajas y los implicados fueron imputados por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, malversación, conducta antieconómica y delitos contra la salud pública. El Ministerio Público pide la detención preventiva.

Avances

Según las declaraciones de Fernando Humérez, testigo clave que se presentó de forma voluntaria a la Policía, señaló que existían tres intermediarios en la adquisición de los respiradores, cada uno iba a ganar una comisión de $us 340 mil. Entre los señalados se encuentra Wálter Zuleta, quien fuera abogado de Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Zuleta, exiliado en Perú hace cuatro años por un proceso interpuesto por el expresidente Morales, admitió que hizo tres cotizaciones de respiradores, una de ellas en España. A la vez, indicó que Fernando Humérez se contactó con él desde hace varios meses para soltarle algunas valoraciones.

“Al ser requerido por Humérez con una lista de productos, en los que se encontraban respiradores, era yo –entre otras varias (personas)– a las que había consultado, incluso peruanas. Como es usual, consulté presupuestos, sabiendo las limitaciones del posible cliente, sin saber quién era y le remití el nombre de tres empresas y varios modelos de los requeridos para que se contactara”, señaló en su publicación.

Sin embargo, negó que se haya negociado ser parte del negociado y la distribución de las presuntas comisiones, tal como lo aseveró Humérez. Dijo que las declaraciones del “testigo clave” son falsas y son una estrategia porque se vio acorralado por las investigaciones en su contra.

Finalmente, Coimbra resaltó que la investigación se está desarrollando de manera rápida, eficaz y aseguró que el Ministerio de Justicia impulsará que se dicte sentencia contra los responsables y que el caso no quedará en la impunidad, tal como ocurrió en los 14 años de gobierno del MAS.