Imagen referencial del uniforme verde olivo. (Foto: FM Bolivia)

Reynaldo González / Bolivia Digital

La Policía Boliviana presentó una denuncia penal contra tres dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba por las agresiones registradas contra sus efectivos el 16 de abril en Shinahota.

La denuncia, firmada por el comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, fue presentada ante la Fiscalía de La Paz por los delitos de sedición, atentado contra miembros del organismo de seguridad del Estado, resistencia a la autoridad, delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Los dirigentes contra los que se presentó la acusación fueron identificados como Homar Claros Panozo, Segundina Orellana y María Ledezma. Conforme al avance de las investigaciones de los sucesos, las denuncias podrían ampliarse a más personas, informó este martes el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa.

Viceministro de Régimen Interior, Javier Issa

La pasada semana, 84 efectivos policiales fueron expulsados de la población de Shinahota bajo amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de algunos grupos de la población. La situación ocasionó el cierre de todas las entidades financieras y bancarias de la zona debido a la falta de seguridad. 

En contacto con BTV, Issa dio a conocer hoy que el Ministerio de Gobierno se sumará a la denuncia penal y posterior querella presentada por la Policía. 

“Consideramos que (la agresión) es una grave vulneración a los derechos de toda la población boliviana, pero en especial a los de la Policía, que ha sido cobardemente sacada de la población de Shinahota bajo amenaza de muerte”, afirmó.

Asimismo, la autoridad reiteró que el Gobierno envió a los efectivos policiales a la zona para que se cumpla la cuarentena preventiva nacional contra la expansión y el contagio del coronavirus (COVID-19) y para sentar presencia del Estado “en lugares donde los derechos de los pobladores estaban siendo vulnerados”.

“El Gobierno no tiene nada en contra del trópico de Cochabamba, es más, el Gobierno nacional ha creado condiciones para asegurar la salud de toda esta población. Los que han vulnerado sus derechos no son los policías, no es el Gobierno, son sus propios dirigentes”, afirmó.  

El Banco Unión y su agencia en la localidad de Shinahota, Cochabamba. (Foto: ejuTV).

En ese sentido, la autoridad cuestionó el anuncio hecho hoy por los dirigentes sindicales del trópico y dirigentes del partido opositor Movimiento al Socialismo (MAS) de presentar denuncias contra el Gobierno por vulneración a los derechos humanos ante organismos internacionales.

“El Gobierno boliviano no está vulnerando absolutamente ningún derecho. Los únicos que están vulnerando derechos son los dirigentes en contra de su gente. El Gobierno está actuando en franco apego a la ley, cuidando la salud de todos y cada uno de los bolivianos”, manifestó Issa.

La autoridad recordó además que el cierre de instituciones bancarias en la zona luego de las agresiones contra la Policía se dio en cumplimiento a las normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Desde la pasada semana, dirigentes del sector cocalero del trópico de Cochabamba defienden que la expulsión fue “espontánea” y que se realizó debido a que la región del país organiza con las Fuerzas Armadas los controles de COVID-19. Según dijeron los dirigentes, la expulsión de la Policía se debió a la “falta de coordinación” del contingente policial con las autoridades y el Ejército. 

Al respecto, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, recordó que el Chapare no debería recibir un trato diferenciado al del resto del país y que la Policía puede desplegarse en todo el territorio nacional “sin pedir permiso de nadie”.