La inauguración del año judicial y constitucional 2022 abre un nuevo debate sobre el rol de ese poder del Estado y las falencias de la administración de justicia, lo que a la vez invita a reflexionar sobre el estado actual de ese servicio. El diagnóstico no es bueno, sigue siendo la asignatura pendiente y por ello constituye un desafío fundamental de cara el futuro.

Desde el año 2006, el país experimentó reformas estructurales para superar la crisis generalizada del periodo neoliberal, se aplicaron transformaciones importantes en el Estado con cambios que afectaron a la economía, la organización social y la cultura. No se debe olvidar que la Asamblea Constituyente estableció un nuevo pacto social intercultural, fue el primer cambio institucional fundamental al que aspiraban los pueblos y comunidades de todas las regiones del país.

Son antecedentes que no se deben obviar en el análisis de cualquier reforma porque bajo ese paraguas se implementaron políticas públicas que afectaron el quehacer de las instituciones, las empresas, las personas naturales y jurídicas. La legislación nacional incorporó nuevos aspectos relacionados con los derechos civiles hasta configurar una sociedad distinta. En ese contexto, las autoridades del Poder Judicial también deben estar conscientes de que el país necesita una justicia adaptada a la nueva realidad.

En la actual coyuntura, el reto fundamental del Estado Plurinacional es cambiar la justicia. El Órgano Ejecutivo trabaja en una propuesta de reforma con diferentes sectores involucrados en el asunto y también socializa las ideas presentadas hasta ahora con organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de un problema cardinal para los bolivianos. La sociedad necesita recuperar la confianza en el sistema, tener certeza de que sus demandas serán administradas con justicia, que proteja su dignidad, su integridad y otros derechos esenciales de las personas. Tal vez, entre varias reflexiones, esta frase resume la percepción y el sentimiento de una gran parte de la población que a aspira a un mejor servicio desde el poder judicial.

En esa línea de pensamiento, está latente la necesidad  de avanzar hacia un marco normativo de transparencia, control social y sanción de la corrupción en el ámbito público y privado.

Es probable que se reiteren algunas iniciativas y a riesgo de caer en ello urge la necesidad de diseñar y aplicar políticas de pleno ejercicio de los derechos humanos y políticas de reparación de la violación de los derechos humanos, priorizando los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la población.

Además, significa reflexionar sobre aspectos que contribuyan a la cultura de la paz, en última instancia se trata de recuperar la misión ineludible de hacer realidad la demanda de memoria, verdad y justicia, especialmente para las víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos constitucionales registrados en el golpe de Estado de 2019 y durante el régimen de facto.

Autoridades y representantes de la sociedad civil no deben olvidar que una justicia que permite la impunidad atenta contra la paz social y el Estado de derecho y su estabilidad.

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