El jurista norteamericano considera que los involucrados deben responder ante la justicia boliviana. (Foto: Gonzalo Jallasi)

Redacción Central /

El abogado estadounidense Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, considera que el Estado boliviano debería sumar todos los delitos cometidos por Arturo Murillo y Luis Fernando López, cuando fungieron como ministros de Jeanine Añez, para solicitar su extradición, para que rindan cuentas en la justicia boliviana.

“La extradición es un proceso muy político y hay varios factores que podrían frenarla, pero Bolivia debe hacer conocer sobre el lavado de dinero, sobornos (en la compra de gases lacrimógenos), el tema de la droga desaparecida (casi media tonelada) y las masacres (como en Senkata y Sacaba), y si esos delitos son similares en Estados Unidos son buenas razones para solicitar extradición”, explicó al periódico Ahora El Pueblo.

En el marco de las investigaciones por los sobornos y el lavado de dinero durante la compra de gases lacrimógenos a finales de 2019, el extitular de Gobierno durante el régimen de facto de Jeanine Añez fue detenido en Estados Unidos.

“Hay mucha información que el Gobierno de Bolivia puede presentar a los Estados Unidos para mostrar los abusos que cometió Murillo y así extraditarlo. Si muestran las violaciones cometidas en 2020, el Gobierno norteamericano debe extraditarlo porque Murillo y otras exautoridades cometieron varios delitos y deben estar en Bolivia para ser procesados”, agregó el jurista.

Considera que no se debe aislar los delitos de lavado de dinero y soborno de todo lo que pasó en 2019 y 2020, durante el Gobierno transitorio porque hubo mucha corrupción.

“El Gobierno de Añez usó los armamentos (gases no letales) para hacer daño al pueblo boliviano. Hay patrones de violación de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y sobornos que están conectados”, manifestó.

La investigación

El Gobierno norteamericano, mediante su Departamento de Seguridad Nacional, inició una investigación contra Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y Rodrigo Méndez por los sobornos que pagaron y cobraron para concretar la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, además de utilizar bancos norteamericanos para el lavado de más de dos millones de dólares.

En las investigaciones se mencionó a dos conspiradores que serían los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

“Se trata de una demanda penal y criminal porque se han cometido varios delitos. Hay fiscales que están a cargo en este proceso del Estado norteamericano contra esas personas”, refirió.

Becker añadió que Bryan Samuel Berkman y Luis Berkman recibieron la oportunidad de pagar una fianza de $us 350.000 y $us 500.000, respectivamente; mientras que Sergio Méndez y Philip Lichtenfeld ya cumplen una detención preventiva en una cárcel del Estado de Florida.

El proceso judicial

Presentada la demanda por el Estado norteamericano, un agente especial comenzó la investigación y los fiscales designados siguen con el proceso.

Los demandados podrán desestimar el caso y el juez decidirá su situación legal, aunque si hay suficientes pruebas se iniciará el juicio oral en su contra.

“Estos procesos incluso pueden durar un par de años, pero creemos que avanzará rápido porque es un juicio del Estado ya que los delitos cometidos pueden afectar las relaciones internacionales”, añadió.