Desde hace semanas y en estos días la oposición política y mediática ingresó a una asombrosa distorsión de los alcances de la Ley 1407 denominada Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones.

Esta posición de pie de guerra ante todo lo que diga y haga el Gobierno obliga a precisar algunos conceptos y propósitos de la mencionada norma que, dicho sea de paso, se desprende del Plan General de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme establece el Parágrafo I del artículo 15 de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.

Desde la perspectiva de la planificación del desarrollo, se trata de un proyecto ambicioso considerando las dificultades del contexto internacional, ya que hay países que tienen problemas para superar la crisis económica y sanitaria. En ese sentido, el plan de desarrollo establece una proyección de crecimiento económico promedio del 5,1% hasta 2025.

En términos generales es un objetivo alcanzable, sobre todo si se consideran los antecedentes de crecimiento sostenido experimentado en el periodo 2006 – octubre de 2019. Además están frescos los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que se afirma que al primer semestre del presente año el PIB registró un crecimiento de 9,36%, dato que muestra una clara  recuperación de las actividades en los rubros de la producción, los servicios y el comercio.

En ese contexto, el plan de desarrollo estima  que para esta gestión el PIB alcanzará un crecimiento del 5,3%;  4,6% en 2022, 5,1% en 2023, 4,9% en 2024 y 5,6% en 2025. Un informe especial que este diario publicó este domingo basado en fuentes oficiales indica  que la Ley 1407 dará impulso al área industrial, como el farmacéutico, de vidrio, fertilizantes agrícolas (urea cloruro de potasio), entre las principales actividades productivas.

También proyecta un favorable desempeño del sector agropecuario, la industria manufacturera en áreas no tradicionales y de recursos estratégicos con enfoque de industrialización, la construcción, la generación de energías limpias, química básica, entre varios rubros.

En el ámbito de la política social establece varios objetivos para el próximo quinquenio, por ejemplo la reducción de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3%, además de acortar la brecha de desigualdad del 0,45 a 0,42, retos que forman parte de las políticas públicas que el actual Gobierno implementa en el país bajo el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, y puesto en práctica desde 2006.

Además, el ambicioso plan está constituido por diez ejes de desarrollo: la reconstrucción de la economía, la industrialización con sustitución de importaciones, la seguridad alimentaria, la industrialización de los recursos naturales, la educación, la salud, la reforma judicial, el medioambiente, las relaciones internacionales, la cultura y la descolonización, aspectos que involucran a todos los sectores económicos y sociales.

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