Redacción Central /

La vida política del historiador y periodista Carlos Mesa Gisbert está bajo la sombra y la sangre de la masacre de ‘febrero negro’ con más de 30 muertes, la denominada ‘guerra del gas’ en 2003 que cobró la vida de al menos 80 personas, y el asesinato de 38 en Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos en octubre de 2019.

Mesa, después de su trayectoria como periodista, en 1990 creó junto a Ximena Valdivia, Mario Espinoza y Amalia Pando la productora Periodistas Asociados Televisión (PAT), que fue dirigida por él hasta 2007, excepto el periodo en el que ocupó la Vicepresidencia y la Presidencia del país.

En 2002 incursionó en la carrera política como candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El binomio rosado ganó las elecciones por estrecha diferencia.

‘FEBRERO NEGRO’

La falta de capacidad para solucionar la crisis económica le obligó al gobierno de Sánchez de Lozada y de Mesa a emitir un impuesto a los salarios para recaudar fondos que permitan mitigar el déficit fiscal, que en la gestión anterior superó el 6% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). El impuesto era del 12,5% sobre el salario mínimo nacional. Un enfrentamiento entre militares y policías cobró la vida de más de 30 efectivos policiales y soldados.

‘GUERRA DEL GAS’

En la masacre de octubre de 2003 se asesinó a más de 80 personas con disparos de armas de fuego de militares y policías, por resistir la exportación del gas boliviano a Estados Unidos (EEUU).

Masacres fueron perpetradas durante la vida política del periodista, historiador y cineasta Carlos Mesa.

A finales de septiembre y principios de octubre de 2003, masivas movilizaciones fueron convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Movimiento Indígena Pachakuti contra la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada y de Mesa de exportar el energético a EEUU por puertos chilenos.

El 9 de octubre se declaró en la ciudad de El Alto un paro indefinido. El 13 del mismo mes, el gobierno de Sánchez de Lozada y de Mesa instruyó llevar un convoy con gasolina y víveres para familias de la zona Sur de La Paz. Pero en la La Portada los militares dispararon sus armas de guerra y ametralladoras contra los manifestantes. Dos helicópteros también abren fuego contra los techos de las casas.

SACABA-SENKATA

Transcurridos 17 años de esos sangrientos hechos, Carlos Mesa retorna a la vida política con la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y se postula a la elección presidencial del 20 de octubre de 2019. Para justificar su derrota en las urnas contra el MAS de Evo Morales, con apoyo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el representante de la Unión Europea (UE), de organismos no gubernamentales, los jerarcas de la Iglesia Católica, entre otros, promovió un presunto fraude electoral para derrocar al presidente constitucional.

En alianza con los viejos y emergentes partidos de oposición y los comités cívicos liderados por Luis Fernando Camacho generó una convulsión social que terminó con la ruptura del orden constitucional, la constitución del régimen de facto con Jeanine Añez y el asesinato de 38 personas en Pedregal, Sacaba, Senkata y Betanzos, en noviembre de 2019.

No tiene moral para hablar de derechos

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, “es un hipócrita” cuando se pronuncia con vehemencia a favor de los derechos humanos de la expresidenta de facto Jeanine Añez y sus ministros, porque guardó “un silencio cómplice” durante la persecución política y la masacre de Sacaba y Senkata de 2019, aseguró el analista Gustavo Torrico.

Recordó que Mesa como propiciador intelectual y material del golpe de Estado no escribió ni una sola palabra de condolencia a las familias de las 38 víctimas asesinadas por efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana en noviembre de 2019, no se pronunció por los más de mil heridos ni reclamó por los más de 1.700 detenidos preventivamente sin pruebas en las cárceles del país.

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