Se está dando un intenso debate en el país sobre la necesidad de que sean eliminados los elementos fraudulentos que estarían incluidos en la ley electoral, y que llevarían a resultados distintos del sentir de los electores.

El abogado José Carlo Sánchez expuso en el curso de un debate organizado por el CONADE de Santa Cruz la urgencia de que los actuales responsables del Tribunal Supremo Electoral hagan respetar la constitución y las leyes que respaldan la autonomía del cuarto poder del Estado.

En efecto, dijo Sánchez, el artículo 12 de la CPE fija: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. … Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.”

Es decir que los cuatro poderes que existen en Bolivia son autónomos y no puede darse el caso de que alguno de ellos sea sobrepasado o violado por otro de los poderes del Estado.

El abogado Sánchez recordó que el artículo 208 de la CPE dispone que ”el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. El Tribunal garantizará que el sufragio se ejercite efectivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de esta Constitución.”.

El abogado mencionó  también el artículo 146 de la CPE, que en su parágrafo 5 dice:

  “La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales.”

De lo que resulta, según el abogado Sánchez, que el poder legislativo ha violado la CPE cuando decidió ponerse por encima del TSE al atribuirse la potestad de declarar la anulación de las elecciones del 20 de octubre pasado, lo que le hubiera correspondido hacer al poder electoral.

Y ahora, el poder legislativo decide fijar plazos para la realización de las elecciones, lo que también está entre las atribuciones exclusivas del poder electoral. Ha decidido el legislativo fijar para las elecciones el plazo de 90 días, que comprende los meses de mayo, junio y julio.

“Es más, dijo el abogado Sánchez, el poder electoral debe hacer respetar sus atribuciones, salvo que sus altos funcionarios acepten ser sancionados por las leyes, que les ordenan defender las atribuciones TSE.”

Lo cierto es que en este momento la cantidad de ciudadanos que exigen cambios en la ley electoral supera todas las previsiones. Los responsables del TSE deberían evitar, con su silencio, caer en la sospecha generalizada que el partido del cocalero tiene mucho dinero.