Mientras el Gobierno no deja de trabajar en encontrar consensos para llevar adelante el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, en una fecha que sea recomendada técnicamente, con quienes son los verdaderos actores de este proceso, los representantes de las instancias autonómicas y con otros sectores de la sociedad que verdaderamente tengan voluntad de diálogo y de encontrar soluciones y no generar problemas o, simplemente, politizar el tema con finalidades que nada tienen que ver con la gestión, organización y desarrollo del Censo, hay quienes aún creen que la violencia, las amenazas y la intimidación son formas de hacer política o de luchar por las supuestas reivindicaciones de su pueblo.

Estos violentos, intolerantes y racistas están parapetados, atrincherados, detrás de una supuesta institucionalidad cruceña, no representan a nadie. Unas decenas de individuos reunidos en una mal llamada asamblea de la cruceñidad no tienen la autoridad ni la moral para hablar a nombre del trabajador y pujante pueblo cruceño. Tienen objetivos políticos similares a los que motivaron toda la violencia de octubre y noviembre de 2019.

El Censo es el pretexto para desestabilizar al Gobierno, no les interesa ni el mes ni el año en que este vaya a desarrollarse. Cuando el Censo estaba programado para este año ya lo habían observado, cuando el Consejo Autonómico recomienda su postergación también están en contra. En fin, sea lo que fuere que se haga con el Censo, los violentos cívicos siempre estarán en contra. Y cuando se haya agotado este tema en la paciencia de los cruceños, cuando se caiga la venda de los ojos que junto a sus medios aliados le han puesto a la población, seguramente encontrarán otro tema para generar malestar, incomodar y desestabilizar al Gobierno a nombre de los cruceños. Seguramente ya tienen un largo listado de futuros problemas que pasan por el federalismo, los transgénicos y otros más.

No hay que perder de vista sus métodos de “lucha”: violencia, amedrentamiento, intimidación. La historia nos cuenta que entre la tercera y la cuarta década del siglo pasado, en Europa, como prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, se usaban métodos similares para advertir a quienes no pensaban igual, a quienes no provenían del mismo grupo racial que tenía supremacía en ese Estado. Eso nos puede dar una idea de dónde vienen y qué pretenden los ideólogos de la violencia e intolerancia cívica.

Y no hay que confundir el derecho a la protesta, que es legítimo, con este tipo de acciones delincuenciales, alentadas lamentablemente desde algunos medios de comunicación que mienten, manipulan y distorsionan los hechos para contarle a la gente lo que ellos quieren que crea. Si alguien quiere expresar su protesta por algo, tiene el derecho de hacerlo, pero los límites de su derecho están donde comienza el derecho de los demás, mucho más si los demás son la mayoría.

Si alguien quiere parar sus actividades profesionales o personales por su propia voluntad para protestar por lo que desee, tiene todo el derecho de hacerlo, pero nadie puede obligar a los demás a no circular libremente, a cerrar su negocio o a no ir a trabajar y no llevar el pan de cada día a sus hogares. Obligar a hacer eso no es otra cosa que autoritarismo antidemocrático.

Será bueno que tengamos presente que tus derechos terminan donde comienzan los míos.