Masiel Fernández Bolaños

Cada mes, semana y, prácticamente, cada día de este año la violencia fue una constante en la realidad colombiana.

Amenazas, atentados, secuestros y asesinatos se repitieron, teniendo entre sus víctimas frecuentes a miembros de las comunidades indígenas, líderes sociales y exguerrilleros.

Todo ello sucede a tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a 16 meses de la llegada a la Casa de Nariño (sede la presidencia) del mandatario Iván Duque.

Diferentes voces coinciden en que cientos de líderes sociales, indígenas y exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, al tiempo que aumentan los llamados a su implementación integral en aras de concretar una paz con justicia social.

En el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, insisten también en la necesidad de una presencia integral del Estado en sus territorios, a la vez que se oponen a que haya grupos armados, sean legales o ilegales, e instan a que sean respetadas sus formas propias de defensa.

Al hablar sobre la persistente situación de violencia en el departamento del Cauca, varias voces apuntan a elementos como la ilegalidad y el abandono estatal.

La violencia que se vive en nuestros territorios data de bastante tiempo y es por varias razones.