Ya no es novedad hablar de una oposición política sin rumbo, que tiene como agenda solamente dos cosas: hablar mal del Movimiento Al Socialismo, el partido más grande de Bolivia, o trabar los avances que permitan a los bolivianos contar con autoridades que defiendan sus derechos.

Ejemplo de esto son las trabas que pone la derecha para la elección de una Defensora o Defensor del Pueblo, proceso que tiene una demora de varios meses debido a que, bajo el pretexto de que existen intereses políticos, la oposición se niega a llegar a un acuerdo para elegir a esa autoridad.

En este tiempo la derecha se jactó del informe final del relator especial de Naciones Unidas, García-Sayán, luego de su visita a Bolivia en febrero a invitación del Gobierno de Bolivia. Trata de tergiversar el informe del Relator a su favor y al de la exsenadora Jeanine Añez, quien tiene sentencia de 10 años por el caso Golpe de Estado II.

Sin embargo no se dice nada cuando en el documento se hace mención al “drama de la impunidad” que afecta a las víctimas de las graves vulneraciones de los derechos humanos registradas entre 2019 y 2020, además de observaciones y recomendaciones en relación al acceso a la justicia, transparencia, independencia, elección de Defensor del Pueblo.

En Bolivia, el Defensor del Pueblo vela por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público. También vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos.

Pese a que, al elaborar las reglas para este proceso, la bancada de oposición estuvo de acuerdo con los requisitos y forma de elección, llegado el momento prefirió dividir sus votos o no apoyar a los que obtenían mayoría para así imposibilitar el avance del proceso que permita elegir a la nueva autoridad.

Es más, lo primero que hacen es salir a los medios de comunicación para estrellarse en contra de Nadia Cruz, actual defensora interina, señalando que ya cesó sus funciones y debiera dejar el cargo, pero no responden a la pregunta: ¿Quién asume entonces ese cargo?
“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por este empantanamiento que se ha suscitado nuevamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir al nuevo Defensor del Pueblo. No entendemos por qué los parlamentarios, sobre todo de oposición, no comprenden la gran importancia que es tener una autoridad dentro de la Defensoría del Pueblo, en el entendido de que esta institución es muy importante para fortalecer el proceso democrático del país y el Estado de derecho”, sostuvo el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Édgar Salazar.

Ahora la derecha trata de aplicar la misma estrategia para impedir la elección del Contralor General del Estado, que tiene la misión de dirigir la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico.

Si bien, como pasó con el caso del Defensor, ya se aprobó el procedimiento, nuevamente la oposición habla de trancar este proceso.

Claramente se ve que en su poca o nula agenda de trabajo solo les queda perjudicar el desarrollo del país, el cuidado de los bolivianos y todo fingiendo que hacen un buen trabajo, cuando en realidad solo muestran que no hacen nada.