En abril de 2019, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) develó  que el gobierno transitorio de Jeanine Añez procedió al recorte del presupuesto de inversión de las empresas del Estado para reducir el déficit fiscal. No sólo eso, además se comprometió a reducir de manera gradual estos recursos en los siguientes años.

Esta decisión, que supone reducciones en los gastos de capital de esas entidades públicas, pretendía en el futuro dar inicio a un inevitable proceso de privatización y de esa manera abrir un nuevo proceso de reformas en las que el organismo internacional supervisaría la actuación del gobierno de ese entonces.

En el documento, denominado Solicitud de Asistencia Financiera en el Marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), se reconoce que la nueva administración presidida por Jeanine Añez encaminó acciones concordantes con la línea de acción del FMI y asegura que, desde noviembre de 2019, tomó medidas para reducir el déficit fiscal como la disminución de recursos de las empresas del Estado.

Manifiesta que se redujo la inversión de las empresas públicas para mantener el déficit del sector público no financiero (SPNF) en 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, cuyo valor nominal se estableció en $us 44.921 millones, según el Presupuesto General del Estado. 

En el reciente informe del primer mes de gestión de gobierno de Luis Arce, el Ministerio de la Presidencia afirma que el objetivo del gobierno de facto era quebrar las empresas públicas, seguramente para luego privatizarlas siguiendo la vieja receta del modelo neoliberal, lo que confirma las intenciones develadas por el FMI.

En plena campaña política para quedarse en el poder  y congraciarse con la población negaba tal intención y anunciaba la continuidad en el pago de los bonos, beneficios que, por cierto, rechazaron cuando el gobierno del MAS implemento esta política. Lo que no informaron es que estaban matando a las empresas —que generan utilidades para financiar gran parte de los bonos— mediante las reducciones en los gastos de capital de esas entidades públicas.

El documento suscrito por el gobierno de Añez con el FMI establecía que si la crisis sanitaria del Covid-19 se profundizara o se prolongara, las autoridades tratarían de generar nuevas reducciones en los gastos de capital de las empresas públicas.