Las propias Fuerzas Armadas definen los ascensos, en concordancia con la Ley Orgánica de las FFAA y la Constitución Política del Estado. (Foto: Archivo)

Eliana Uchani / Bolivia Digital

A través de un decreto supremo promulgado por el Gobierno o la emisión de una orden extraordinaria por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, esas son las opciones que tiene la institución castrense para ratificar el ascenso de generales en la institución castrense, ante la dilación de proceso en el que incurre la Cámara de Senadores.

El abogado y militar del Ejército en servicio pasivo Jorge Santisteban indicó que el Gobierno nacional puede promulgar un decreto supremo para la colación y la imposición de grado a los nuevos generales. Resaltó que la Asamblea solo tiene la atribución de ratificar el ascenso de las nuevas autoridades militares.

“Primero se deben agotar las instancias legales para después proceder a la elaboración de un decreto supremo por la Presidenta, para que autorice la colación y la imposición de grado de los generales de las Fuerzas Armadas hasta que la Asamblea Legislativa proceda con la ratificación de los ascensos. Ese es el mejor camino por el que pueden optar y evitar transgredir la Constitución Política del Estado”, explicó el jurista.

Pero dijo que el documento deberá ser preciso en la parte de los antecedentes y la fundamentación, eso evitará observaciones por parte de los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS). A la vez, las acciones que realicen los militares estarán respaldados por la normativa y tendrán legitimidad.

“Es necesario que la norma sea precisa, debe tener el antecedente de que la Asamblea Legislativa ratifique los ascensos una vez que pase la emergencia sanitaria, si no existirá la posibilidad de que observen esa decisión”, puntualizó.

Otra de las opciones es que el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas emita una orden extraordinaria basada en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). El abogado y militar en retiro Omar Durán señaló que el reglamento militar no reconoce coroneles en su último año y que el ascenso es un derecho enmarcado en su trayectoria.

“Cuando un militar tiene 30 años de servicio y ha culminado su carrera tiene el derecho a ascender de grado, además es reconocido por un derecho y esto está por encima del reglamento que pueda tener la Asamblea Legislativa”, precisó.

Vulneración

Por otra parte, el abogado Frank Campero dijo que la Presidenta de la Cámara de Senadores está vulnerando varios preceptos de la Constitución, entre ellos el numeral 8 del artículo 160, porque hasta el momento no cumplió con la ratificación de la lista de ascensos remitida por el Ejecutivo en febrero.

Además, señaló que la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana vulneró el numeral I del artículo 165 del reglamento de la Cámara de Senadores, que establece que las resoluciones deben ser remitidas a la presidencia del Senado en un plazo no mayor a 48 horas. Empero, hasta el momento existe una retardación de más de tres meses.

Acción de cumplimiento

Por otra parte, Santisteban dijo que el Gobierno debió presentar la acción de cumplimento contra la titular del Senado y no contra el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Valeriano Aguirre, porque debió explicar los motivos de la dilación y el incumplimiento del artículo 160 de la carta magna.

Aseguró que esa acción legal hubiese prosperado y el juez hubiese determinado que el Senado emita una resolución en un plazo de 72 horas.

Procedimiento de ascensos

Las propias Fuerzas Armadas definen los ascensos, en concordancia con la Ley Orgánica de las FFAA y la Constitución Política del Estado. La Presidenta propone a la Asamblea Legislativa la lista de General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contralmirante de acuerdo con el informe de sus servicios y promociones.