Funcionarios municipales reparten alimentos de una olla común a bloqueadores. (31-10-2019) (Foto: Archivo El Deber)

• Redacción Central /

Las ollas comunes de alimentos repartidas a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, que impusieron un paro de 21 días entre octubre y noviembre de 2019 para el golpe de Estado, fueron financiadas con recursos de los ítems fantasma, advirtió ayer Darly Franco, abogada de Valeria Rodríguez.

En entrevista con Ahora El Pueblo, reveló que la denuncia de corrupción en el municipio cruceño no sólo involucra a los 800 ítems fantasma, sino a contratos ilegales y proyectos irregulares que tienen que ser investigados.

“Hay más cosas que investigar. ¿Dónde está la plata del pueblo? Está en los bolsillos de las personas que conformaron una organización criminal para robar al pueblo. Obvio que ese dinero ha sido utilizado para el golpe de Estado (de 2019), más claro agua de que ha habido eso”, sostuvo la jurista.

Franco recordó que la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa reconoció públicamente que estaba a cargo de la olla común. “¿Quién llevaba las ollas comunes para alimentar a los que estaban bloqueando en las rotondas? La Alcaldía Municipal. ¿Con qué dinero? (Con el dinero) del pueblo. Eso ha sido financiado con el dinero del pueblo”, dijo.

El 23 de octubre de 2019, el Comité Cívico pro Santa Cruz declaró un paro nacional en defensa del voto por un presunto fraude electoral que concluyó con el golpe de Estado y la sucesión ilegal de Jeanine Añez el 12 de noviembre de ese año.

“Se han dado el lujo de estar 21 días en las rotondas revisando carteras, celulares cuando uno salía a comprar alimentos, eso con la complicidad de los empresarios, ellos son lo que han ganado porque la gente humilde, la gente de a pie ha muerto por culpa del golpe de Estado”, precisó Darly Franco.

INVESTIGACIÓN

La abogada de Valeria Rodríguez, quien denunció los ítems fantasma, dijo que todos los responsables de las 21 secretarías de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra tienen que ser investigados por el Ministerio Público para establecer cómo se instituyó ese clan de corrupción, así como a las entidades financieras Nazareno y el Banco Mercantil, las AFP y la Caja Nacional de Salud.

PROTECCIÓN DE LA FISCALÍA

Franco denunció que desde el 30 de septiembre presentaron requerimientos al Banco Mercantil para que dé información respecto a las transferencias de dinero que Antonio Parada habría hecho a Estados Unidos, pero la entidad bancaria se niega a darla.

Luis Fernando Camacho antes de la toma del Palacio Quemado en 2019. (Foto: Archivo)

“La Fiscalía Departamental de Santa Cruz está como padrino de toda esta megacorrupción del siglo en las arcas del municipio, entonces qué podemos esperar que se avance en una investigación donde el propio suegro del doctor Róger Mariaca fungía como asesor jurídico en la Alcaldía, qué podemos pedir resultados si el doctor Mariaca es designado como fiscal para investigar los hechos de corrupción en la Alcaldía, a un exfuncionario de la Alcaldía; o sea como vulgarmente se dice, ‘entre bomberos no se pisan la manguera’. Parece un pasanacu, se salen de trabajar en la Alcaldía y vienen a trabajar en el Ministerio Público, se salen de trabajar en el Ministerio Público y van a trabajar a la Alcaldía, y así van pasando la pelota”, manifestó a la red ATB.