Cuando hace unos meses se presentó en la Universidad Tomás Frías, en la ciudad de Potosí, un incidente violento que ocasionó la muerte de cuatro estudiantes, se pensó que la universidad boliviana, particularmente la pública, sufriría un fuerte remezón que conduzca a un cambio de actitud de cara a la realidad que vive el país.

En aquel momento, la sociedad boliviana en su conjunto puso en tela de juicio muchos aspectos de su democracia interna, como el cogobierno paritario, la permanencia ilimitada de estudiantes en funciones de dirigencia estudiantil, la falta de exámenes de actualización, oposición y competencia de los docentes, una cada vez más creciente masa estructura administrativa y, fundamentalmente, la falta de una verdadera política de desarrollo científico y tecnológico en todas las áreas del conocimiento.

Las condiciones parecían estar dadas para que las casas de estudios superiores, cuyo funcionamiento está garantizado a través del soporte que le brinda el Estado con recursos de todos los bolivianos; sin embargo, la emoción y la discusión duró muy poco y todo retornó a esa “normalidad” perniciosa en la cual todos hacen todo para que nada cambie al interior de los centros académicos.

Hay muchos problemas que se pueden observar sin necesidad de ser muy acucioso. Por ejemplo, uno de los más visibles es el bajo nivel de titulación frente a la gran cantidad de nuevos alumnos que ingresan cada año y que su permanencia promedio supera de lejos el tiempo que corresponde a la conclusión de una carrera de pregrado y que, desde luego, significa una mayor erogación de recursos, muchas veces sin resultado alguno.

Otro muy evidente es la masiva presencia de estudiantes en carreras cuyo mercado de trabajo ya se encuentra saturado para quienes egresen de esas áreas. Derecho, Comunicación, ciencias administrativas y financieras, ciencias sociales, entre otras, congregan al mayor porcentaje de alumnos, seguramente porque son consideradas de menor exigencia académica, pero que a la postre solo da por resultado poner en el mercado profesional a un importante número de desocupados que, en el mejor de los casos, por la necesidad, pasan a desarrollar actividades informales, alejados de la formación universitaria que recibieron.

También está la corrupción que ha sido denunciada en diferentes universidades, en diferentes ámbitos, desde la otorgación de becas irregulares, contrataciones ilegales, tráfico de notas, acoso docente y otras formas que aparentemente las casas de estudios superiores no hacen mucho esfuerzo por sancionarlas y desterrarlas de la vida universitaria.

Todas estas situaciones poco normales deben ser solucionadas en el marco de la autonomía universitaria consagrada por la Constitución Política del Estado, bajo sus propios mecanismos de gobierno; sin embargo, debe considerarse el control social como parte fundamental del gobierno universitario, pues lo contrario estaría dando lugar a la existencia de sitios sagrados inexpugnables para el Estado y la sociedad, tierras de nadie. Es momento de que las universidades empiecen a debatir y a encontrar soluciones a los múltiples problemas que las aquejan y se conviertan en verdaderos centros de desarrollo del conocimiento y la ciencia y, desde allí, aporte realmente al desarrollo de la sociedad y el país.

Este panorama nada alentador no es exclusivo de la universidad pública, las decenas de universidades privadas que han surgido últimamente en el país, y que en algunos casos son simples instrumentos de negocio para sus propietarios, tampoco ofrecen perspectivas muy diferentes en lo académico y científico, pero ese es tema de otro análisis.

Quienes forman parte del sistema nacional de universidades públicas, desde los estamentos docente y estudiantil, en el marco de su autonomía, tienen el gran desafío y la gran responsabilidad de mostrar ante el país que son capaces de reencauzar la enseñanza superior, superando los problemas existentes y poniéndose a la altura de los tiempos que vive nuestra patria.