Si bien ya se dictó una sentencia contra Jeanine Añez, en el caso Golpe de Estado II, las víctimas de las masacres de 2019 todavía esperan justicia, puesto que el fallo de 10 años no es suficiente para la exsenadora.

En 2019, Añez se autoproclamó presidenta de la Cámara de Senadores, en contra del reglamento de la Asamblea y de la propia Constitución Política del Estado. Luego se autonombró presidenta de Bolivia, todo en medio de una ola de violencia generada por actores políticos de oposición.

Aquí, la Fiscalía adelantó que una vez conocida oficialmente la lectura de la sentencia se hará una apelación para exigir que se dé más tiempo de condena a la exsenadora, dado que la ruptura constitucional amerita una pena mayor.

Cabe puntualizar en este punto que el caso Golpe de Estado II, por el que fue juzgada Añez, se refiere a la vulneración de la Constitución y normativas de los reglamentos de las cámaras legislativas, es decir no se refiere a las muertes producto de su gestión de facto.

Es aquí donde Añez, junto con sus ministros y allegados, tiene todavía varios pendientes con la justicia, pues puso en vigencia un decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal en la represión a las protestas que, en gran parte, exigían que se respete la democracia en Bolivia.

No le tembló la mano a Añez el momento de firmar el documento y fruto de esto 38 personas murieron y cientos resultaron heridas, como lo establece el GIEI en su informe oficial. Ese terror de Estado dejó luto y dolor en todos los bolivianos.

Es por esto que la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) exigió “acelerar las investigaciones y el procesamiento de todos los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante las dictaduras y que aún continúan en la impunidad, incluyendo el periodo 2019-2020”.

También se manifestaron al respecto las víctimas de Huayllani, Cochabamba, quienes dijeron que se mantendrán en estado de emergencia hasta que se dicten 30 años de cárcel para Añez, además de las voces de las organizaciones sociales y otras instituciones que claramente concuerdan en que el castigo para Añez no es suficiente.

Lo curioso es que salen ahora políticos como Carlos Mesa, quien en su momento prefirió acogerse al silencio y no declarar respecto al juicio contra Añez, pero hoy trata de generar conflicto en el país. También está Conade, Luis Fernando Camacho y otros actores que tuvieron una clara participación en los hechos ocurridos antes, durante y después del golpe de 2019.

Hoy se tiene una sentencia, se demostró que hubo golpe en Bolivia, y la justicia seguirá su curso. Todavía queda mucha tela por cortar y muchos cabos sueltos que deben ser resueltos. Los bolivianos exigen una pena mayor, pero nuevamente hay que recordar que éste no es el único proceso que afronta Añez. Al final la justicia puede tardar, más aún con toda las chicanas de algunos abogados, pero al final siempre llega.