Los respiradores españoles, cuya compra está en el ojo de la tormenta y es investigada por el Ministerio Público y Policía. (Foto: ABI)

 

Gonzalo Pérez Bejar/Bolivia Digital

Celeridad es lo que debe primar en las investigaciones sobre el caso de los respiradores españoles, que ha destapado un caso de corrupción en medio de la pandemia que soporta el pueblo boliviano, fue el criterio de los diputados Shirley Franco y Gonzalo Barrientos.

La presidenta de la bancada por Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados, Shirley Franco, dijo que están muy atentos a todo el proceso que se ha encarado desde el Ministerio de Justicia para identificar a los responsables de un presunto fraude en la adquisición de los equipos médicos que iban a servir para aquellos pacientes por coronavirus.

“Vemos que se ha tomado con bastante celeridad el caso y haremos el seguimiento del resultado, porque que alguien se atreva a cometer un hecho irregular en plena crisis sanitaria y cuando se busca priorizar los recursos y destinarlos y salud es un crimen”, afirmó en declaraciones al periódico Bolivia.

Recordó que en el Órgano Legislativo se ha conformado una Comisión Mixta de Investigación que acompañará a los procesos judiciales que ha iniciado el Ministerio de Justicia.

Aclaró que la labor a cumplir es no solo circunscribirse a los 170 respiradores, sino que se podrá la ampliación a todas las donaciones, contrataciones, incluso la distribución de ítems que se ha realizado en torno a la crisis sanitaria que se vive en el territorio nacional hace más de 70 días.

Su colega de bancada el diputado Gonzalo Barrientos dijo que el actual proceso de investigación que se realiza a la adquisición de los equipos españoles de debe ser más ágil y operativo para esclarecer el daño que se hizo a la economía de los bolivianos.

“Estamos en una emergencia sanitaria y en ese sentido se debe actuar rápidamente porque en medio está la vida de los bolivianos que contrajeron la enfermedad”, dijo, a tiempo de lamentar el accionar de funcionarios públicos que en la actualidad están involucrados en este caso.

La presidenta Jeanine Áñez, a través de un mensaje a la nación, advirtió que «no le temblará la mano» para enfrentar a los corruptos e instruir una auditoría a todas las compras en salud efectuadas en su gestión como una medida concreta para luchar contra la corrupción luego de haberse descubierto presuntos actos irregulares en la adquisición de 170 respiradores de fabricación española.

El miércoles, la presidenta Áñez reveló, a través de su cuenta en twitter, que el contrato investigado por supuesto sobreprecio en la compra de los respiradores era por un total de 4.773.600 dólares y se llegó a pagar 2.028.780.

Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, confirmó que dos funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) ya habían observado el proceso de contratación para la compra de 170 respiradores y luego dejaron sus cargos.

Según el detalle que dio a conocer Coimbra, con base en el análisis de la documentación obtenida hasta el momento, se estableció en principio que la unidad solicitante del proceso de contratación fue el Ministerio de Salud a través de una nota enviada al entonces director ejecutivo de la Aisem, Geovanni Pacheco, pidiendo la compra de los respiradores a una empresa española.

Producto de la investigación se encuentran en calidad de aprehendidos el exministro de Salud Marcelo Navajas, el jefe de Adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y otros dos funcionarios.

Todas estas personas serán imputadas por al menos siete delitos, entre ellos uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y malversación de fondos, ya que tuvieron distintos grados de responsabilidad en la compra de los respiradores a casi $us 27 mil cuando su precio real no superaría los $us 9.000 cada uno, adelantó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas.