Cuéllar, Calvo y Camacho en el cabildo en el que reconocen que el Censo en 2023 es técnicamente inviable. (Foto: RRSS)

• Jacqueline Luque /

El Ministerio Público dio a conocer a Ahora El Pueblo los delitos por los que son acusados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, por el paro de 36 días en ese departamento.

Los delitos por los que son acusados los líderes cruceños son atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, violencia política contra las mujeres, racismo, discriminación, atentados contra la libertad del trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, entre otros.

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez explicó que por competencia territorial el caso debe radicar en La Paz.

Dijo que la competencia territorial se la determina por el lugar donde vive el imputado, el lugar donde sucedieron los hechos y donde “se dio el resultado”.

“El Código de Procedimiento Penal es claro: donde se dé el resultado también se puede considerar competencia territorial”, afirmó.

El tema de jurisdicción territorial lo puede definir la Fiscalía General por el principio de unicidad y por economía procesal.

“Si el fiscal (Juan Lanchipa) tomó esa decisión es porque seguramente los hechos de Santa Cruz han tenido resultados en La Paz, porque todo lo que ha pedido el Comité Interinstitucional de Santa Cruz ha llegado a radicar en la exigencia de una ley (…) y el resultado del paro llegó al Órgano Legislativo”, afirmó Gutiérrez.

Durante los 36 días de paro, los movilizados cerraron el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, vehículos bomberos. Además, personal médico fue agredido verbal y físicamente, y los puntos de bloqueo se convirtieron en lugares de consumo de bebidas alcohólicas y de cobros ilegales.

Ante estas circunstancias, varias organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos.