Una nueva discusión se ha establecido en círculos políticos sobre dos términos de uso frecuente en estos ámbitos, para referirse a acciones de uno y otro lado, desvirtuando en muchos casos el verdadero significado de ambas categorías y tratando de menoscabar el valor de la legalidad, del imperio de la ley.

Vayamos al significado de ambos términos para empezar a analizarlos en el contexto del debate político.

Legal es aquello que está establecido por la ley o está conforme a ella o también puede decirse que proviene de la ley, la justicia o el derecho relacionados con ellos. En el sentido amplio de la palabra vamos a entender como “ley” toda norma vigente en el Estado, la Constitución, las leyes como tales, los decretos, las resoluciones y las ordenanzas, así como cualquier otra disposición que surja de autoridad competente.

Legítimo es aquello que ha sido hecho o establecido de acuerdo con la ley o el derecho o que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Es decir la calidad de legítimo, o la legitimidad, nace de la ley, en sentido amplio, y debiera entenderse como algo que no está en contra de la ley o del derecho y que por tanto es justo y razonable.

Evidentemente, legal y legítimo no son sinónimos, son dos términos muy relacionados, pero particularmente el concepto de lo legítimo va más allá de lo estrictamente establecido en la norma, en la ley, porque puede alcanzar elementos de justicia y racionalidad, mas nunca esta concepción de legitimidad puede pretender estar en contra o por encima de la ley, de lo legal.

Lo legal siempre será legítimo, pues se supone que emana de una autoridad competente, determinada previamente para esta labor, y su observancia y cumplimiento son de carácter obligatorio. La misma norma establece los mecanismos “legales” para impugnar la ley y evitar su cumplimiento, pero fuera de ello la exigencia de cumplimiento es ineludible.

La ley es siempre legítima, a no ser que en un Estado se hubiese roto el sistema democrático, y las autoridades allí impuestas y sus normas dejan de ser legales y, por tanto, pierden toda legitimidad. Un golpe de Estado, por ejemplo, no tiene legalidad y menos tendrá legitimidad, sus acciones serán ilegales de principio y no podrán alegar absolutamente ninguna circunstancia que atenúe su ilegalidad o que pretenda asignarle legitimidad ante la ausencia de la legalidad.

Si una ley ha sido establecida “legalmente”, es decir siguiendo todos los procedimientos establecidos por ley y no ha sido impugnada de acuerdo al mismo procedimiento, su aplicación es totalmente legítima, además, desde luego, de ser totalmente legal.

En algunos casos se podrá decir que existen leyes que, si bien siguieron el procedimiento correspondiente para su aprobación, sanción y promulgación, carecen de legitimidad porque vulneran determinados principios de tradición, de cultura o de costumbre. Pueden ser observadas, pueden ser impugnadas o pueden ser demandadas, si corresponde, de inconstitucionalidad, porque afectan a un grupo de personas o a la población en su totalidad. Ahí puede considerarse que la legitimidad de la ley está en cuestión porque es observada por la ciudadanía.

Reclamar la ilegitimidad de un acto jurídico, enmarcado en la ley, para invalidarlo, simplemente porque no resulta del agrado de un sector, es totalmente incoherente y fuera de lugar. El sometimiento a la ley es la única servidumbre que no mancha.