Ningún boliviano tiene derecho a agredir a un policía, un delito público en todo el mundo, y es lo que hicieron los cocaleros del Chapare con los oficiales que estaban cumpliendo su deber en Shinahota.

La cocalera Leonilda Zurita, alta dirigente del MAS, había dicho en diciembre que si los policías bolivianos quisieran volver a ingresar al Chapare, deberían caminar de rodillas, porque solo así se los aceptaría.

La idea tendría que ser revertida ahora, cuando los cocaleros dicen que los hechos de Shinahota fueron un exceso y quieren que la policía retorne a la zona. Quizá no sea necesario que caminen de rodillas todos los cocaleros, pero sus dirigentes, que son unos pocos millonarios, tendrían que comprometerse a evitar que los productores de coca vuelvan a cometer el delito público de agredir a un policía.

Por el momento, los bancos que operan en la zona tienen temor a abrir sus operaciones, porque si la policía ha sido expulsada, es difícil que las actividades bancarias puedan contar con garantías para realizarse normalmente.

El ministro de gobierno, Arturo Murillo, ha dicho que debido a que la policía fue expulsada del Chapare y la región entera está en la ilegalidad, incluso para que lleguen los auxilios sanitarios, quizá sea necesario “encapsularla”.

Una medida que ya se hizo en dos regiones del país donde el virus está avanzando velozmente porque la gente no respeta las normas de la cuarentena, lo que permite que el virus corra más rápido.

Algo que no se entiende totalmente en Bolivia es que si no se respeta la cuarentena, el virus tendrá vía libre para avanzar. En todos los lugares donde existe esa creencia se dan los casos de mayor crecimiento del contagio.

En ningún otro país se había dado el caso de una región que hubiera decidido excluirse de las leyes del Estado, que se proclame independiente y decida que en su territorio no se cumplirán las leyes, ni siquiera las sanitarias.

Para el resto de los bolivianos eso sería una amenaza, porque una región estaría decidida a expandir el virus a todas las regiones que, en cambio, estuvieran cumpliendo con todas las normas.

Nadie puede pretender incumplir las leyes del Estado en ninguna parte. El mundo está repartido en los Estados, que fijas las leyes y las normas para los territorios que controlan.

Desobedecer esas órdenes son delitos muy graves y no tienen excusas quienes alegan que quieren destruir el Estado al que pertenecen, porque ese es un pecado mayor todavía. La conspiración para destruir el Estado es algo que no se perdona en ningún país del mundo.

Si los cocaleros del Chapare deciden no respetar las leyes, el Estado tiene el derecho a decretar que tampoco respetará las leyes que protegen a los cocales de esa zona.

Un expresidente colombiano sugirió que el gobierno boliviano aplique de una vez el glifosato para destruir todos los cocales del Chapare. Quizá esa sea una medida extrema, pero si los cocaleros de esa zona no respetan las leyes de Bolivia, es difícil que puedan aducir que tienen algún derecho producto de una ley, porque ellos mismos niegan validez a las leyes bolivianas.

Los pecados se pagan. Y es el turno de los cocaleros. Deben pagar sus pecados.