Daisy Margarit

Ana es una mujer haitiana, lleva un tiempo viviendo en Chile, tiene cinco hijos de edades entre los 13 años y los 10 meses de vida. Fue acusada de abandono de sus hijos por ir a buscar comida para su familia, ya que está sin trabajo. Ana decidió ir al centro de Santiago, a una fundación que le ofreció apoyo en mercadería y para ello debió movilizarse desde la comuna periférica, donde vive, tardando más de tres horas en el trayecto de ida y regreso. Si sumamos además que esto ocurrió a una semana de haberse iniciado el proceso de movilización social y como una forma de protección, de no exponer a sus hijos a los gases lacrimógenos, dejó a su hija pequeña en un lugar entendido por ella como un “espacio del cuidado”.

La respuesta social e institucional tuvo dos caras, por una parte la sala cuna enjuició el comportamiento de Ana y emitió un veredicto de abandono que sería notificado al Tribunal de Familia. Y por otra parte, estuvo la institucionalidad civil de las redes de abogados, que a través de clínicas jurídicas de universidades y redes particulares de profesionales, se articularon en apoyo a la situación de Ana, logrando que el proceso se revirtiera en favor de ella y sus hijos.

El caso de Ana personifica la fragilidad social que está presente en los lugares de la exclusión, representados por el aislamiento de su lugar de residencia, por la ausencia de empatías por parte de a quienes confiamos el cuidado de nuestros hijos, por las lecturas fragmentadas y compartimentalizadas de la vida social que llevan a cabo las instituciones, agudizándose en quienes están situados en los bordes de la exclusión.

En personas como Ana, las formas de relacionamiento del poder y la sociedad, como señala Moraña (2017), transitan entre las nociones de precariedad, exclusión y emergencias que se vinculan con la noción de escasez, traduciéndose en falta, carencia, inseguridad y riesgo, no solo en lo material, también referida la escasez a las formas subjetivas, inmateriales de carencias, como son las identidades carenciadas de reconocimiento social, expresadas en la discriminación y la marginación de personas provenientes de otras culturas, con diferentes modos de vida, y modos de relacionamiento.

Hoy más que nunca, cuando se habla de la necesidad de un nuevo Pacto Social, la inmigración que ha recibido Chile en este último período debe ser un actor presente, los espacios de encuentro horizontales y creativos que han emergido, no pueden estar ausente de los diálogos interculturales, por cuanto para convivir pluralmente con la diversidad cultural, el principio que debe estar presente es el derecho a la diferencia.

Es un imperativo que el Pacto Social sea el motor en desarticular las relaciones que se han construido en las identidades precarizadas y desacreditadas desde prejuicios, estereotipos, estigmas, racismos y sexismo (Valenzuela, 2017), se abre una oportunidad única de diálogo social que integre la diversidad cultural que nos aporta la migración a la sociedad chilena.