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Redacción Central /

Una Corte de Miami, Estados Unidos, homologó ayer el pago de una fianza de $us 500.000, por lo que Luis Berkman Littman, uno de los dueños de la empresa Bravo Tactical Solutions, podrá defenderse en libertad.

El amigo del exministro de Gobierno Arturo Murillo fue acusado en el país del norte por los delitos de soborno y el sobreprecio que pagó su compañía, que hizo el papel de intermediaria, para comprar y revender gases lacrimógenos al Estado boliviano, lo que causó una afectación de $us 2,3 millones a las arcas nacionales.

“Han homologado las medidas que le habían impuesto, que era una fianza de medio millón de dólares, dos bienes inmuebles, presentarse una vez a la semana ante la autoridad y le pusieron una tobillera para un radio de circulación. Esas medidas fueron impuestas en su detención y hoy (por ayer) fueron homologadas y una vez que se satisfacen esos presupuestos seguramente recuperará su libertad bajo fianza en tanto dure el proceso”, explicó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en entrevista con Bolivia TV.

Berkman y Murillo, sólo dos de los implicados en el hecho de corrupción, aprovecharon su amistad, es por ello que el exministro le colaboró para que su empresa se haga cargo de la compra del armamento no letal para venderlo a Bolivia, como no había ocurrido en anteriores gestiones.

Berkman ya estuvo preso en Palmasola en 2001 por su participación en el tráfico de armas bolivianas hacia el Paraguay.

Su hijo Bryan Samuel, quien también está implicado en este hecho de corrupción, puesto que, al igual que su padre, es representante de Bravo Tactical Solutions, debe cancelar una fianza de $us 350.000.

Las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) establecieron que, a finales de 2019, Arturo Murillo, Luis Fernando López (exministro de Defensa), Luis y Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld, Sergio Méndez (exjefe de gabinete de Murillo), entre otros, conformaron un clan mafioso para cometer ese ilícito.

Los exministros y la expresidenta Jeanine Añez firmaron tres decretos para que la empresa Bravo Tactical Solutions, de propiedad de los Berkman, se adjudique un contrato para la compra de gases lacrimógenos.

La empresa pagó $us 3,3 millones a Cóndor y vendió los gases al Estado boliviano en $us 5,6 millones.

Rodrigo Méndez había recibido un soborno de $us 582.000, que también lo repartió con Arturo Murillo, de parte de los Berkman.

Usaron bancos de EEUU para lavar dinero

Las investigaciones del FBI establecieron que, una vez que se concretó la compra de los gases por $us 5,6 millones, el exministro de Defensa Luis Fernando López envió el dinero desde el Banco Central a entidades financieras en el país del norte.

Primero intentó enviar el total del dinero, pero el banco detectó una ilegalidad, por ello rechazó la transferencia.

La exautoridad no se quedó cruzada de brazos, ya que necesitaba sacar el dinero de Bolivia, es así que envió $us 3,9 millones y luego $us 1,7 a Estados Unidos.

Ese dinero volvió a las cuentas de todos los implicados en Bolivia.

El FBI hizo el rastreo del dinero y todas las transacciones y, luego de una investigación de varios meses, estableció que todos los involucrados se habían apoderado de $us 2,3 millones ilícitamente.

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