Infografía: Yuri Rojas

Redacción Central /

En los 11 meses del régimen de facto de Jeanine Añez, la nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo cuatro presidentes con una gestión que se caracterizó por acciones irregulares e indicios de corrupción que en la actualidad son investigados en el Ministerio Público y mediante procesos de auditorías.

El 19 de noviembre de 2019, a pocos días de consumarse el golpe de Estado que derivó en la renuncia del entonces presidente, Evo Morales Ayma, el gobierno de facto designó a José Luis Rivero como presidente de YPFB y pocos días después —debido a que había afirmado que la estatal petrolera estaba “en quiebra”— éste fue reemplazado el 16 de diciembre del mismo año por Herland Soliz Montenegro, quien luego de una serie de irregularidades sería destituido y reemplazado el 7 de mayo de 2020 por Richard Botello, el cual, cinco meses después, renunció al cargo por cuestiones personales y en su lugar fue posesionada Katya Diederich, el 12 de octubre.

La nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

PROCESOS PENALES

Hasta el momento se conoce que el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora Castedo y el expresidente de YPFB Herland Soliz Montenegro tienen en su contra al menos tres procesos penales que investiga el Ministerio Público por diversos presuntos delitos cometidos cuando ejercieron funciones en las entidades estatales.

Luego de aproximadamente cuatro meses de ejercer el cargo, Soliz fue alejado del cargo a causa de denuncias en su contra de actos irregulares.

Dichas denuncias, presentadas en mayo de la pasada gestión en plena emergencia de la pandemia del Covid-19, fueron por la contratación directa de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones, que finalmente fue paralizada y anulada, y la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a la empresa Newrest Bolivia Soporte SRL, por un costo unitario (por trabajador) de Bs 416 por día, según los antecedentes registrados en su momento por la Fiscalía.

Después, en junio de 2020, el Ministerio Público informó sobre la emisión de una orden de aprehensión para Soliz, luego de que no se presentó a declarar a las instancias judiciales. El expresidente es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes.

En noviembre de 2020, la Fiscalía de La Paz hizo conocer que se determinó ampliar las investigaciones en contra del exministro Zamora en las adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia de la pandemia, encaminadas por Soliz.

El Ministerio Público argumentó que existían indicios de que Zamora tuvo conocimiento sobre la Resolución Administrativa Interna 78/2020, que permitió a la exadministración de Soliz hacer esas adjudicaciones.

EL CASO UMEC

El 26 de abril de 2021, la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB reveló el presunto manejo irregular de $us 1,2 millones para la ejecución del plan Unidades Médicas de Emergencia por Covid (UMEC) en la estatal petrolera, durante la administración de Soliz y Zamora.

El presidente de YPFB, Wilson Zelaya, explicó que se trata de un monto total de $us 1,85 millones (Bs 12,8 millones) que había solicitado Soliz a ocho empresas filiales y subsidiarias de la estatal petrolera, de los cuales $us 1,21 millones (Bs 8,4 millones) habrían sido ejecutados de manera irregular.

La aplicación del UMEC fue instruida por Zamora mediante la Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, pese a no tener “ninguna competencia”, por lo que esta acción “fue completamente ilegal”.

Por estos hechos, la cartera de Hidrocarburos anunció que se presentarán denuncias penales por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La estatal petrolera impulsa la construcción de nuevas plantas.

$us 290 millones de daño a la planta de urea

El exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, el expresidente de YPFB Herland Soliz y otros cuatro exfuncionarios son procesados ante la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, referidos a la paralización de la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo, Cochabamba, y haber generado un daño económico de aproximadamente $us 290 millones.

La planta fue construida por la surcoreana Samsung Engineering Co. Ltda. e inaugurada y puesta en operación comercial en septiembre de 2017. Demandó $us 953 millones de inversión.