Ahora está más claro que nunca que las sociedades necesitan alimentos y que esos alimentos vienen de la tierra, que es cultivada por personas que viven de ello, pero que necesitan garantías y seguridades.

Más de 1.000 millones de personas están ahora en cuarentena en el mundo entero, sin poder salir de sus casas, y todas ellas pensando en lo que van a comer todos los días, pero con la dificultad de que no pueden salir de sus casas.

Eso se da, por supuesto, también en nuestro país, donde el gobierno de la presidente Jeanine Áñez ha decretado cuarentena y también estado de emergencia para, por lo menos, demorar el avance del coronavirus que está amenazando a toda la humanidad.

A pesar del encierro, y sin violarlo, los ciudadanos necesitan proveerse de alimentos, los más elementales, y eso provoca un entredicho que es preciso resolver con inteligencia, permitiendo que la oferta de alimentos tenga canales para llegar a la gente.

Algunas soluciones se han encontrado hasta ahora, comenzando por la decisión de las organizaciones de productores de alimentos de seguir operando y buscar, con la ayuda del gobierno, vías de acceso para llegar hasta los hogares.

Se ha hecho un estudio sobre el manejo de la tierra en el gobierno del cocalero Morales: Una investigación fue realizada por Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio en alianza con Connectas, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.

En sus principales párrafos, dice el informe: “En 2006, cuando asumió como el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales anunció una Revolución Agraria que “beneficiaría a los campesinos e indígenas del país que necesitarán tierras para trabajar” y que “aseguraría la soberanía alimentaria”. Catorce años después, el presidente de la Pachamama, quien juraba que su programa de gobierno favorecería a los pueblos indígenas, preservaría y fortalecería su relación con la Madre Tierra, no solo les quedó debiendo, sino que los utilizó para fortalecer su proyecto político. Se cuestiona que se entregaron tierras a personas de zonas como Cochabamba y no así a campesinos e indígenas locales, como manda la ley. Esto se ve agravado por decenas de testimonios que aseguran que los dirigentes sindicales y las exautoridades se llenaron los bolsillos con cobros ilegales a costa del sueño de que la tierra sería para quien la trabajara.

“Luego de ocho años de fallidos arranques, esta revolución explotó en 2014, cuando en el departamento de Santa Cruz, el más extenso y motor de la agroindustria en Bolivia, se cuadruplicó la entrega de tierras en relación con los años anteriores. Durante la presidencia de Evo Morales, solo en Santa Cruz se entregaron 1,7 millones de hectáreas de tierras estatales a nuevos comunarios. El equivalente a una superficie superior a toda la isla de Jamaica.

“Pero lejos de ser una medida que favoreció a los sectores más pobres, dicha revolución agraria, en Santa Cruz y la región conocida como la Chiquitania, se convirtió en uno de los temas más polémicos del gobierno de Morales, puesto que las autorizaciones incumplieron los procesos de ley y sus fundamentos básicos: los beneficiarios no fueron los campesinos e indígenas sin tierra, sino que miembros de una sola organización campesina (la CSUTCB) se llevaron más del 70 % de toda la tierra a través de dirigentes que, según numerosas denuncias que hoy están siendo investigadas por el Gobierno de transición, conformaron mafias para extorsionar a dueños legítimos, generar comunidades fantasmas, realizar cobros ilegales por los trámites y crear asentamientos que destruyen reservas naturales.”

No es una política inteligente para el manejo de la tierra, en absoluto.

El informe completo se puede leer en especial multimedia de Connectas.