Personal de YPFB en la Planta de Amoniaco y Urea luego de que el régimen de Añez dejase el poder. (Foto: Archivo)

• Gabriela Ramos/

Asambleístas piden al vicepresidente David Choquehuanca dar curso a la conformación de una comisión de senadores y diputados que investigue el saqueo de las empresas del Estado en el régimen de facto de Jeanine Añez.

El diputado Juan José Huanca explicó que la propuesta de conformación de esa comisión fue presentada ante el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, para que disponga la conformación de esa instancia, con carácter especial y mixto, es decir integrada por asambleístas del oficialismo y la oposición, de las cámaras de Senadores y de Diputados.

“Estamos haciendo una propuesta para ver el estado en el que se dejó a las empresas del Estado luego del régimen de facto. Tanto jefes de bancada, presidentes de comisiones y legisladores se están sumando a este pedido de conformar una comisión especial mixta de investigación sobre el saqueo y asalto de las empresas del Estado”, informó el asambleísta.

El régimen de facto de Jeanine Añez intentó desmantelar varias empresas estatales, incluso las que son catalogadas como estratégicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que sufrió un daño económico de $us 524 millones por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea y otras acciones que atentaron contra la economía de esas empresas.

Huanca recordó que el presidente Luis Arce denunció el daño ocasionado en el golpe de Estado a las factorías estatales, pues “destrozaron el Modelo Económico Social Comunitario Productivo” en menos de un año.

“Queremos hacer una lucha efectiva contra la corrupción, además de la defensa y recuperación del patrimonio del Estado. Por ello queremos establecer el verdadero daño económico, social y político que sufrieron nuestras empresas producto del golpe de Estado para hallar a los responsables materiales e intelectuales”, señaló Huanca.

Para ello pedirán que los ministerios del área, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa coadyuven en esa labor.