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Gonzalo Pérez Bejar – Edición impresa

Las bancadas del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), de Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) acordaron realizar ajustes al proyecto de Ley de Garantías Constitucionales antes de su tratamiento en el Senado.

“Queremos comunicar que el desprendimiento para viabilizar esta norma ha sido que los artículos 7 y 8, que estaban en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados (el 6 de diciembre), sean suprimidos, dado que ya están consignados en la Constitución Política”, indicó el senador Efraín Chambi (MAS-IPSP) en una conferencia conjunta con su colega Homer Menacho (UD).

El legislador dijo que la apertura es fruto de los consensos de los partidos y el seguimiento de los representantes de la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica para contribuir con el proceso de pacificación plena del país.

El senador Chambi reconoció que en el debate de la norma se evidenció que tenía algunos “indicios de presunta inconstitucionalidad” y que además era cuestionada por la población.

“Queremos comunicar que la ley se ceñirá a la Constitución y a la economía jurídica del país, no vamos a legalizar una ley que proteja ningún delito en el país y menos orientada a la impunidad”, sostuvo. El senador por la bancada de UD, Homer Menacho, dijo que en ese análisis realizado con sus pares del MAS-IPSP y PDC también se determinó que dos artículos de esa norma —3 y 4—, referidos a la indemnización a los familiares de las personas fallecidas en las movilizaciones desde el 21 de octubre y la atención gratuita a los heridas, serán enviados en consulta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Buscamos una ley que pacifique al país y que mantenga la paz en el país, y cumplamos con el Gobierno transitorio de llegar a las elecciones de una forma pacífica y tener elecciones limpias y transparentes”, afirmó el legislador.

Menacho coincidió con Chambi y aseguró que “no hay ninguna impunidad ni inmunidad para nadie” en esa norma.

El 6 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Senado para su revisión y posterior sanción.

Ante el tratamiento, la presidenta constitucional transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo en un inicio que vetará la norma y luego anticipó que la remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que esta instancia la revise.