Por: Claudia Miranda Díaz /

El 4 de junio de 1923 ocurrió la Masacre de Uncía, durante el gobierno de Bautista Saavedra Mallea (conocido como el “cholo” Saavedra), quien gestó un golpe de Estado en contra del presidente constitucional José Gutiérrez Guerra –del Partido Liberal– en 1920.

Bautista Saavedra fundó el Partido Republicano en 1915, separándose de los liberales, y fue presidente constitucional –por elección en el Congreso Nacional– entre 1921 y 1925.

Uncía es la capital de la provincia Rafael Bustillos del departamento de Potosí, que cuenta con cuatro municipios: Llallagua, Uncía, Chayanta y Chuquiuta. Los centros mineros más importantes para nuestra economía y la resistencia a gobiernos oligárquicos y militares en el siglo XX estuvieron en los distritos mineros de Llallagua, Catavi, Siglo XX, Huanuni y Uncía.

La emblemática mina Siglo XX (también llamada “La Salvadora”) era –en esa época– la mina más grande de estaño del mundo, se ubica en el municipio de Llallagua (a nueve kilómetros de Uncía). Esta mina era de propiedad de Simón Iturri Patiño (barón del estaño junto al francés Carlos Víctor Aramayo y el judío-alemán Mauricio Hochschild). Los combatientes mineros de esta mina fueron “relocalizados” en 1985 mediante el DS 21060, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

La mina Siglo XX-“La Salvadora” tenía su bocamina principal (socavón Patiño) en Llallagua y desembocaba en Uncía; el estaño se procesaba en Catavi. La gerencia de operaciones y técnica estaba en Catavi, la gerencia general en Uncía, donde vivía el magnate Patiño. En este último lugar, que era el centro económico del país, surgió el germen de la sindicalización de los obreros-mineros.

En 1918 hubo duros enfrentamientos entre el Ejército, junto a los patrones (empleados de Patiño), en contra de los obreros que reclamaban aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. El 1 de mayo de 1923, después del desfile en homenaje a los Mártires de Chicago, los mineros de Uncía fundaron la Federación Obrera Central de Uncía (FOCU), que pretendía agrupar a los trabajadores mineros de la región; la mesa directiva estaba compuesta por Guillermo Gamarra, representante de “La Salvadora”, Gumersindo Rivera, representante de los “obreros del pueblo”, Manuel Herrera de Llallagua, Julio Vargas y Ernesto Fernández.

El conflicto explotó porque los patrones se negaron a reconocer a la FOCU, empezando a despedir a los trabajadores. La Federación reclamó la reincorporación de los despedidos. Ante la agudización del conflicto, el Gobierno envío al fiscal de distrito de Oruro, acompañado del Regimiento “Camacho”. En tanto, en Catavi se organizó el subconsejo federal y todos sus miembros fueron cesados.

El 19 de mayo dirigentes de la FOCU viajaron a La Paz con un pliego petitorio que requería al Presidente: 1) La expulsión del país del gerente chileno de Llallagua y la destitución de serenos en Catavi por maltrato a los obreros; 2) La restitución de los mineros despedidos de Catavi; 3) El reconocimiento de la FOCU y garantías para su accionar sindical.

Mientras tanto, una comisión gubernamental –que arribó a Uncía– llegó a acuerdos con los dirigentes: 1) Reconocimiento de la FOCU; 2) Restitución de trabajo a los despedidos; y 3) Amplias garantías para el ejercicio sindical. Pero estos acuerdos no fueron reconocidos por la parte patronal, la que, al contrario, recrudeció su hostilidad hacia los trabajadores. Ante ello la FOCU empezó a organizar una huelga general, pero el Gobierno se adelantó y decretó Estado de Sitio el 1 de junio, enviando al día siguiente, cuatro regimientos a Uncía: Sucre, Ballivián, Camacho y el Batallón Técnico.

El 4 de junio los dirigentes de la FOCU fueron detenidos. Obreros y pobladores se concentraron en la plaza principal, lugar donde se produjo la masacre (los soldados no obedecieron la orden, disparó el militar Ayoroa). Hubo cinco muertos y varios heridos.

Fueron tiempos de cambio de dominio imperial: del Imperio británico al Imperio estadounidense.