E l discurso de la oposición política y mediática persigue retener u ocultar cierta información de manera intencional para que esa omisión lleve al público a una falsa interpretación de los hechos, un proceso que suprime la verdad, lo que en términos comunicacionales se denomina la estrategia de la mentira.

Revelar la verdad a medias sin exponer datos o elementos clave de los hechos también es engañar porque elude evidencias con el propósito de desviar la atención de la opinión pública para provocar una interpretación errónea de los hechos. Esta conceptualización es necesaria para explicar la actuación política del expresidente (2003-2005) Carlos Mesa en el caso Quiborax.

En 2004, durante su gestión, se revocaron concesiones mineras en el salar de Uyuni para explotar ulexita a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax. Ambas compañías presentaron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, que en 2018 cerró el caso a favor de las demandantes porque la revocatoria no se ajustó a la ley (2564). Por este fallo, el Estado boliviano tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.

El exprocurador General del Estado Pablo Menacho, en un programa de BoliviaTV hizo un repaso a los antecedentes del caso. Recordó que la Ley 2564 establecía la realización de seis auditorías para declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros de las empresas que operaban en ese momento, en un plazo perentorio de 60 días; es decir establecía plazos y tareas específicas para llevar adelante el proceso de nulidad. Sin embargo, el gobierno de Mesa incumplió los procedimientos establecidos en esa ley, no se hicieron las auditorías y en lugar de declarar la nulidad de las concesiones mineras optó por la revocatoria.

Uno de los documentos que evidencia ese incumplimiento está en un informe (025 de 2004) que emitió el Canciller de ese entonces, Juan Ignacio Siles, que establecía que el Decreto Supremo 27589, de revocatoria de concesiones que tenía la empresa Quiborax en el salar de Uyuni “adolecía de serios problemas jurídicos”, pero Mesa no lo escuchó o no quiso oír.

Y no sólo eso, durante la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé se emitió el Decreto Supremo 28527 que derogó la disposición de revocatoria de concesiones promulgado por Carlos Mesa porque adolecía de deficiencias jurídicas insubsanables, no era corregible. Estos aspectos generaron la controversia y llevaron al Estado boliviano a enfrentar un proceso en el centro internacional de arbitraje.

Pese a estas evidencias, en una alocución desesperada, Mesa niega lo obrado y miente. Acusa a Evo Morales y al actual presidente Luis Arce de las consecuencias del fallo arbitral, cuando son de su propia y exclusiva responsabilidad, como establecen los documentos que él mismo suscribió.

La anterior semana, la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, lo que causó una furibunda reacción del exmandatario.

La desesperación en la que cayó Mesa, por lo visto, es una emoción muy complicada de sobrellevar y lo expone como a una persona sin posibilidades de salir de su embrollo, seguramente motivada por sentimientos de enfado, ira e impotencia

Mesa en su defensa proporciona datos, detalles o explicaciones como si fueran ciertos, además amplificados por los medios opositores, pero la gran debilidad de la estrategia de la mentira es el descubrimiento de las evidencias y certezas que hacen a los hechos, una circunstancia en la que el embustero no tiene escapatoria. La mentira siempre alberga miedo y Mesa tiene pavor a que la verdad se sepa.

linkedin