Una funeraria atiende a personas que perdieron a un ser querido. (Foto: Ministerio de Justicia y Transparencia)

ABI

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mediante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, informó este sábado que realiza operativos a nivel nacional en funerarias, debido al incremento de precios en los servicios.

«Sabemos que se han incrementado los montos debido a la implementación de los equipos de bioseguridad que se necesita para el manejo de los cadáveres; sin embargo, debemos velar que estos precios no sean tan elevados», informó la  viceministra de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Zulma Mendieta, citada en un boletín de prensa.

Los operativos comenzaron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Beni. El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor realiza verificativos de control a funerarias a solicitud de parte o de oficio para constatar el cumplimiento efectivo de la norma y la posterior aplicación de los procedimientos que la Ley le faculta.

Con ese fin, el viceministerio solicitó a las funerarias el detalle de los servicios prestados con la relación nominal de precios por el periodo comprendido del mes de enero de 2020 hasta el momento de verificación.

Ingreso a una de las funerarias. (Foto: Ministerio de Justicia y Transparencia)

«Estamos evitando la indiscriminada elevación de precios en el servicio de las funerarias. Es así que el Viceministerio, velando por la economía de los bolivianos, verifica que el incremento no sea irracional», acotó la viceministra Mendieta.

El Artículo 23 de la Ley 453, Ley General de Defensa de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, establece que las prácticas comerciales abusivas como el aprovecharse de la urgencia o necesidad económica de las personas están prohibidas y serán sancionadas por las autoridades competentes en el marco de la normativa específica.

El Artículo 50 determina que los proveedores serán responsables por la vulneración de los derechos y garantías de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores, establecidos en la presente Ley y las normativas específicas, emergiendo la responsabilidad administrativa, civil o penal que correspondan.

Además, el Decreto Supremo 2130 en su Artículo 6 refiere que la autoridad competente del sector no regulado de defensa de los derechos de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores, podrá ingresar a las instalaciones de los proveedores de productos y servicios, ya sean públicas o privadas, para fines de verificación en el marco de sus competencias.

Asimismo, la Resolución Ministerial N° 068 en su Artículo 14, respecto a requerimientos de información, establece: «A efectos de averiguar fehacientemente la verdad material de los hechos, el Viceministerio de Defensa de Consumidor podrá requerir a los proveedores, fabricantes, comercializadores y prestadores de bienes y servicios o inclusive a entidades u órganos administrativos, que de forma verbal o escrita proporcionen la información que considere necesaria».

Conforme a lo que establece el Decreto Supremo N° 065 en su Artículo 10, en caso de evidenciarse la comisión de delitos, los obrados serán remitidos al Ministerio Publico para el procesamiento penal correspondiente.

La  viceministra Zulma Mendieta reiteró que se pone a disposición de la población en su conjunto la línea gratuita 800100202 para cualquier denuncia relacionada a la vulneración de derechos de usuarios y consumidores.