Infografía: Yuri Rojas / Periódico Ahora EL PUEBLO

Redacción Central /

En los 11 meses en los que estuvo al frente del Ministerio de Gobierno, Arturo Murillo cometió varios delitos con distintos grados de participación, por lo que podría pasar bastantes años en la cárcel.

A finales de 2020 huyó de Bolivia para eludir la justicia; sin embargo, entre el 20 y 21 de mayo de este año fue aprehendido en Estados Unidos donde enfrenta un proceso penal por lavado de dinero y soborno, ya que, junto con sus cómplices, usó bancos norteamericanos para hacer diversas transferencias.

En Estados Unidos podría ser condenado a 20 años de cárcel y, de prosperar la solicitud de extradición, en el país también tendría que ser encarcelado.

El extitular de Gobierno fue detenido a finales de mayo en Estados Unidos y su audiencia fue reprogramada para el 9 de julio.

Su situación en Bolivia es más grave porque deberá defenderse de las acusaciones y procesos por la compra de gases lacrimógenos mediante sobornos y con sobreprecio, las muertes en las masacres, el golpe de Estado de finales de 2019, el uso de una libreta militar falsificada, entre otros hechos.

Por ahora hay dos órdenes de aprehensión en contra de Murillo, por la compra de gases lacrimógenos y la masacre de Huayllani (Cochabamba)

COMPRA DE GASES

A finales de 2019, Murillo gestó un robo al Estado, en compañía de varios cómplices, lo que les dejó una ganancia ilícita de al menos $us 2,3 millones.

Los implicados compraron mediante sobornos gases lacrimógenos por $us 3,3 millones a la empresa brasileña Cóndor y dos días después los vendieron al Estado boliviano en $us 5,6 millones.

Se les atribuye los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

MASACRE DE HUAYLLANI

A finales de 2019, una intervención coordinada entre militares y policías en el puente Huayllani (Cochabamba) dejó 12 muertos y más de un centenar de heridos.

Por ese luctuoso hecho están como imputados Murillo, López y excomandantes de las Fuerzas Armadas y Policía.

Todos fueron imputados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

DESAPARICIÓN DE DROGA

Otro de los delitos cometidos por Arturo Murillo y su entorno fue la desaparición de 431 kilogramos de cocaína de alta pureza, casi media tonelada, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

De 18 horcones (madera), de un total de 60, desapareció cocaína. La UNODC informó que de 1.435 kilos, desaparecieron 431 kilos de la sustancia controlada.

Los implicados en el caso serán investigados por la presunta comisión de los delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.

EXTRADICIÓN DE LIMA LOBO

El Ministerio de Gobierno denunció penalmente a Murillo y el excomandante de la Policía general Rodolfo Montero por evitar en 2020 la excarcelación y extradición del narcotraficante Einar Lima Lobo.

Las exautoridades son acusadas de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

LIBRETA MILITAR

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de dos años de prisión contra Murillo, por el delito de uso de instrumento falsificado, después de confirmar que utilizó la libreta de servicio militar de otras personas para acceder a cargos públicos, como el de diputado y titular del Ministerio de Gobierno.

GOLPE DE ESTADO

Luego de una revisión minuciosa de las evidencias e indicios al proceso instaurado por la exdiputada Lidia Patty contra la expresidenta Jeanine Añez, por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo, la denuncia fue ampliada contra Murillo.

Ahora ya están detenidos preventivamente Añez y sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía.

MUERTES EN SENKATA

Murillo, López y el general del Ejército en retiro Luis Fernando Valverde son investigados por la represión violenta que se produjo en noviembre de 2019 en la región alteña de Senkata. Ese hecho derivó en la muerte de al menos 10 personas por impacto de bala y un centenar de heridos y detenidos.

Los exministros están sindicados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Cancillería devolvió el trámite para extradición

La Cancillería boliviana devolvió al Órgano Judicial la solicitud para la extradición de Arturo Murillo, debido al incumplimiento de requisitos y formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición.

“La solicitud de extradición que nos ha llegado, suscrita por la juez Claudia Castro, fue devuelta por no cumplir los requisitos y las formalidades. Lamentablemente, adolecía (la solicitud) de principales elementos como, sin llegar muy lejos, la traducción y la legalización de la documentación correspondiente”, informó la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo, según radio Erbol en su página digital.

La anterior semana, la jueza presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores un exhorto suplicatorio para tramitar la extradición de Arturo Murillo, quien está detenido en Estados Unidos mientras es investigado por los delitos de soborno y lavado de dinero.

“El error de origen se encuentra en la Fiscalía General, que además es una entidad que conoce bien los requisitos de los trámites de cooperación internacional, más aún con Estados Unidos, puesto que el pedido de extradición requiere de una traducción correspondiente”, añadió al medio de comunicación.

Existe confianza en recuperar el dinero robado

Al margen de los dos procesos penales instaurados en Estados Unidos contra Arturo Murillo, Luis y Bryan Berkman, por soborno y lavado de dinero, la causa civil apunta a recuperar los $us 2,3 millones robados mediante la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Para este fin, la Procuraduría General del Estado contrató al bufete internacional Greenberg Traurig para que se encargue de atender las tres causas.

“Vamos a instruir al bufete de abogados la continuidad del seguimiento del caso. Se trata de una firma garantiza a nivel internacional, con especialistas en estos casos referidos a temas económicos, corrupción y lavado de activos, con más de 1.700 abogados a nivel mundial”, manifestó.

Además dijo que “vamos a informar de manera transparente en la página web de la Procuraduría sobre el costo, que en realidad son gastos mínimos en relación a los recursos que vamos a recuperar. Es una inversión que vale la pena”, explicó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, a radio Cepra.

Fiscalía pedirá cooperación internacional

Una vez que se conozca la situación legal de Arturo Murillo en Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado pedirá la cooperación internacional a fin de que rinda cuentas ante el Estado boliviano por delitos como el daño económico que le ocasionó al país y las masacres de Senkata y Sacaba, entre otros.

El exministro podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión en el país del norte si es hallado culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero.

“La pena máxima por el delito imputado es de 20 años, en el hipotético caso de la sanción, como Estado tendremos que esperar que cumpla la condena para que rinda cuentas en el país”, explicó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

Añadió que los canales de comunicación de la Fiscalía son fluidos, por lo tanto no será necesario el traslado de autoridades a Estados Unidos, aunque se participará desde Bolivia en el proceso, controlando y verificando los actos procesales.

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