El fiscal general, Juan Fausto Lanchipa Ponce, en conferencia de prensa. (Foto: Fiscalía General del Estado)

• Redacción Central/

Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública e Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado son los delitos.

El fiscal general del Estado, Juan Fausto Lanchipa Ponce, informó ayer que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado Gases lacrimógenos presentó la acusación formal en contra de nueve personas involucradas en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en 2019.

Este hecho causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos. Entre los acusados están el exministro de Gobierno Arturo Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López, además del representante de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

“El Ministerio Público emitió la acusación formal, basada en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los ministerios de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoría forense que demuestra claramente el daño económico al Estado”, explicó.